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La Mañana Ñoquis en el Estado

Sigue la purga de ñoquis en el Estado neuquino: echaron a un chofer agresivo y un policía indisciplinado

El conductor protagonizó un bochornoso episodio en estado de ebriedad, mientras cumplía funciones con el SIEN en Villa Traful. El agente de la fuerza pasó más de 100 días detenido.

La gestión de Rolando Figueroa continúa con la purga de ñoquis en la estructura del Gobierno y suma casos dramáticos con origen en hechos delictivos graves y otros cuanto menos curiosos por sus particularidades. Sin ir más lejos, el que acaba de conocerse este viernes y que involucra a un -ahora- exchofer de ambulancia. Su caso no es el único, también hubo dos exonerados por la causa de la estafa con planes sociales y un policía indisciplinado que fue despedido.

En efecto, el gobierno provincial neuquino le aplicó la expulsión por cesantía al ahora ex agente de la administración pública Alfredo David Tarifeño, quien dependía de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos (del ministerio de Seguridad) y, según dieron por acreditado los auditores, incumplió con sus deberes.

En el expediente administrativo se indica que se desempeñaba como chofer del Sistema Integrado de Emergencias de Neuquén (SIEN), y que el 3 de marzo de 2024 protagonizó un bochornoso episodio por el que le aplicaron una suspensión preventiva de 30 días y le iniciaron un sumario administrativo a cuyo término quedó literalmente afuera.

El hombre ejerció su derecho a la defensa. Pero los auditores dieron por acreditado que su conducta violenta hacia terceros resultó inadmisible. Según se estableció a partir de la denuncia de un particular, el agente ocasionó daños en un Fiat Duna, mientras se encontraba en aparente estado de ebriedad, lo que motivó su demora policial y posterior traslado a un centro asistencial.

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El agente se encontraba afectado a tareas de cobertura sanitaria en la localidad de Villa Traful, junto a personal del SIEN, cuando protagonizó un altercado violento con particulares, en el cual arrojó piedras y ocasionó daños materiales.

Las demás exoneraciones

También le aplicaron el castigo de cesantía al ya exsargento primero Carlos María Cáceres, a quien le comprobaron faltas al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial por haber purgado un total de 102 días de arresto policial, en el período comprendido entre el 20 de mayo de 2024 y el 2 de abril de 2025.

Este miércoles, Figueroa también firmó el decreto de exoneración otros dos exfuncionarios involucrados en la mega estafa con planes sociales, en perjuicio de la provincia y de las familias económicamente carenciadas a las que nunca llegaron los fondos.

Los exonerados por la estafa con planes sociales

Se trata del abogado mediático Alfredo Cury y la agente Laura Reznik, quienes formaban parte de la planta permanente del Ministerio de Gobierno. El letrado incluso llegó ostentar categoría de planta política durante el gobierno anterior.

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El abogado condenado alfredo Cury.

El abogado condenado alfredo Cury.

El decreto de exoneración fue firmado por Figueroa este miércoles, con un castigo más severo que la cesantía, ya que implica la pérdida de derechos. Los casos se sumaron a los otros tres ex funcionarios que ya habían sido exonerados en enero último: Marcos Osuna, Pablo Néstor Sanz y Ricardo Soiza.

El sumario administrativo -que avanzó en paralelo a la causa penal, pero por cuerda separada- se inició por la sospecha, luego confirmada por la Justicia, de que integraban una banda conformada para desviar o apropiarse de fondos públicos destinados a familias de bajos recursos económicos a los que jamás llegaron. Quedó comprobado que esto ocurrió durante un período comprendido entre 2020 y 2022 inclusive.

En el expediente administrativo se explicó que el desfalco asciende a la suma de 153.377.900 pesos y que las maniobras se perpetraron mediante tarjetas de débito y cheques. Se destacó asimismo que el 23 de septiembre de 2025, se declaró la responsabilidad penal de Reznik Mastronardi y de Cury y que a este último le endilgaron “haberse beneficiado personalmente con los subsidios bajo investigación mientras revestía como agente del Estado”. A la mujer, en tanto, le achacaron que “su intervención funcional fue determinante para que la maniobra defraudatoria pudiera prolongarse en el tiempo, lo que configura falta gravísima”.

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