Tras el faltazo a la audiencia, Vignaroli pedirá la prisión domiciliaria para Luis Bertolini: los motivos

El fiscal Pablo Vignaroli confirmó que solicitará la prisión domiciliaria para el intendente de Plottier, Luis Bertolini, en el marco de la investigación judicial en su contra por posible administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Lo hará en la audiencia de formulación de cargos que está fijada para el lunes 27 de abril a las 8.30.

Vignaroli contó a LM Neuquén que esa medida la tenía pensada solicitar este lunes, pero no pudo hacerlo porque la audiencia se postergó ya que el intendente no se presentó ante la justicia por un problema de salud.

“Nosotros íbamos a pedir la prisión domiciliaria, y eso no cambió”, sostuvo el fiscal, y detalló los fundamentos de la decisión que será planteada en audiencia. Según explicó, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para sostener que, en libertad y en funciones, Bertolini podría interferir en el avance de la causa.

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El eje central del planteo está puesto en la capacidad del intendente -y de otros funcionarios bajo investigación- de seguir teniendo injerencia en el circuito administrativo municipal. “No podemos permitir que sigan manejando los expedientes”, afirmó Vignaroli, al tiempo que reveló que existen pruebas de que, incluso después del secuestro de documentación clave, se habrían continuado realizando pagos vinculados a esos mismos trámites.

Para el fiscal, este dato es particularmente grave porque evidencia que las decisiones administrativas no se detuvieron pese a la intervención judicial. “Eso demuestra que siguen teniendo poder e influencia”, indicó, y agregó que también hay testigos que dependen jerárquicamente de los funcionarios investigados, lo que podría condicionar sus declaraciones.

En este contexto, la prisión domiciliaria aparece como una herramienta para “neutralizar el riesgo”. Vignaroli fue enfático al señalar que el Ministerio Público Fiscal no puede solicitar el apartamiento del cargo del intendente, ya que esa es una facultad que corresponde a otros mecanismos institucionales. “No podemos pedirle a un juez que lo aparte del cargo, porque eso generaría un conflicto de poderes”, explicó.

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En cambio, lo que sí pueden hacer es requerir una medida de coerción que limite su accionar mientras avanza la investigación. “Necesitamos cautelar el riesgo, recolectar evidencia y garantizar que los testigos puedan declarar libremente”, sostuvo.

Denuncia

La causa, que se inició a partir de una denuncia presentada en enero por una vecina, fue creciendo a medida que la Fiscalía avanzó en la recolección de pruebas. “La mujer nos dijo lo que pasaba y empezamos a encontrar que tenía razón”, relató Vignaroli, quien cuestionó las críticas que buscaron deslegitimar la denuncia por el perfil de quien la presentó.

“Me parece grave que se quiera ningunear la denuncia porque la hace una vecina. Los derechos ciudadanos son para todos”, remarcó.

En cuanto a la calificación legal, el fiscal adelantó que, como mínimo, se investiga la posible comisión del delito de negociación incompatible con la función pública, que contempla una pena de entre uno y seis años de prisión. Sin embargo, aclaró que la solicitud de prisión domiciliaria no está vinculada directamente con la escala penal, sino con el riesgo procesal.

“Para pedir una medida de coerción más allá de la pena tenés que acreditar que la persona en libertad puede entorpecer la investigación. Y nosotros entendemos que eso está dado”, explicó.

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Uno de los aspectos que más preocupa a la Fiscalía es la continuidad en la toma de decisiones administrativas sobre expedientes que ya forman parte de la causa. Según Vignaroli, esa situación no solo pone en riesgo la recolección de pruebas, sino también la transparencia del proceso.

“Hay un riesgo de que se siga entorpeciendo la investigación, ya sea influyendo sobre empleados municipales o interviniendo en los expedientes”, insistió.

Por otra parte, el fiscal se desmarcó de cualquier interpretación política del caso. En los últimos días, desde el entorno del intendente se cuestionó la investigación y se la vinculó con intentos de desestabilización. Vignaroli rechazó de plano esa lectura.

“Me parece gravísimo que se tilde de golpista querer utilizar un mecanismo institucional para sancionar a un funcionario. Todo lo que tiene que ver con la destitución nos excede. La Carta Orgánica de Plottier prevé los mecanismos institucionales, pero eso no es de nuestro interés”, destacó.

El objetivo de la Fiscalía, subrayó, es estrictamente judicial: investigar, reunir pruebas y llevar el caso a juicio para que sea un tribunal el que determine la responsabilidad o inocencia de los acusados. “Nuestra intención no es que le hagan juicio político, sino acreditar un delito e ir a juicio”, explicó.

Finalmente, Vignaroli reiteró que cada paso que da el Ministerio Público Fiscal está respaldado por la evidencia recolectada. “Cuando vamos a pedir algo es porque entendemos que es procedente”, aseguró.