Así lo confirmó el abogado de las agredidas, Mariano Mansilla, quien además aseguró que "tiene una causa por narcotráfico en el fuero federal".
La mujer acusada de amenazar y agredir físicamente a docentes del Instituto de Formación Docente N°12 de Neuquén, que funciona en el edifico del Colegio San Martín, y que recientemente fue enviada a juicio por esos hechos, acumulaba previamente numerosas denuncias por episodios de violencia y también registra antecedentes judiciales en otras causas penales.
Así lo aseguró el abogado Mariano Mansilla, representante legal de las trabajadoras de la educación que resultaron víctimas de los ataques ocurridos en abril de 2025 dentro del establecimiento educativo.
La revelación surgió luego de la audiencia de control de acusación realizada esta semana, en la que la fiscalía solicitó formalmente la apertura a juicio contra M.E.F. por los delitos de amenazas y lesiones. Durante esa instancia procesal comenzaron a incorporarse antecedentes e informes vinculados a la situación judicial de la imputada.
"En las investigaciones preliminares aparecían alrededor de 20 denuncias por violencia en su contra y unas 20 realizadas por ella contra las personas que la habían denunciado", explicó Mansilla a LM Neuquén.
Según detalló, se trata principalmente de denuncias cruzadas con una expareja y con vecinos. Muchas de esas actuaciones no avanzaron más allá de las presentaciones iniciales realizadas en comisarías y no llegaron a tener un desarrollo judicial profundo.
"Son denuncias con poco trámite. Ella denunciaba haber sufrido violencia de parte de esas personas y, a su vez, esas personas la denunciaban a ella. No son causas que hayan tenido demasiado avance", aclaró.
Sin embargo, el abogado señaló que existen otros antecedentes de mayor gravedad que sí forman parte del historial judicial de la mujer.
Una condena por narcotráfico
Mansilla sostuvo que la acusada cuenta con una causa federal vinculada al tráfico de drogas que habría terminado en condena.
"Tiene una causa por narcotráfico que entendemos que es una condena por narcomenudeo en el fuero federal. Es anterior a la transferencia de competencias a la provincia. Debe tener alrededor de un año", indicó.
El letrado explicó que el expediente se tramitó cuando los delitos relacionados con la comercialización de estupefacientes todavía eran investigados por la Justicia Federal y no por la provincial, como ocurre actualmente en los casos de narcomenudeo.
Además, aseguró que existe otra causa penal en trámite por delitos conexos que todavía no llegó a una sentencia. "Hay otra causa que está próxima a ir a juicio, pero aún no tiene condena", afirmó.
De acuerdo con Mansilla, la existencia de estos antecedentes fue uno de los argumentos centrales utilizados por la defensa de la imputada durante la audiencia para intentar evitar que el expediente avanzara hacia el juicio oral.
"El propio defensor planteó que ella tenía antecedentes penales y que cualquier condena que pudiera recaer en esta causa sería de cumplimiento efectivo. Por eso dio una gran batalla para evitar el juicio", sostuvo.
Según explicó el abogado, en caso de una eventual condena, los antecedentes podrían influir en la modalidad de cumplimiento de la pena.
Los hechos que llegarán a juicio
La causa que ahora se encamina al debate oral se originó por dos episodios ocurridos en días consecutivos dentro Instituto de Formación Docente N°12 de Neuquén. El primero tuvo lugar el 21 de abril de 2025. Según la acusación fiscal, la mujer amenazó a una profesora de inglés.
Al día siguiente, el conflicto escaló. De acuerdo con la investigación, la acusada regresó al establecimiento y protagonizó una agresión física contra la directora y otra docente.
Por estos hechos, la fiscal del caso Lucrecia Sola y la asistente letrada Dolores Franco solicitaron la apertura a juicio por amenazas y lesiones.
La teoría del caso de la fiscalía se apoya, entre otras pruebas, en testimonios de personal educativo, informes médicos y registros que reconstruyen lo ocurrido durante esas jornadas.
Uno de los aspectos que destacó Mansilla es que, tras los incidentes en la escuela, la mujer realizó una denuncia en la que presentó una versión completamente distinta de los hechos.
"Cuando sale de la escuela va y hace una denuncia. Dice que cuatro docentes la encerraron, la golpearon y la mordieron", relató.
Según explicó el abogado, la acusada acudió posteriormente a un centro de salud con la intención de obtener un certificado médico que respaldara esa versión. Para la querella, sin embargo, la denuncia se derrumbó a medida que avanzó la investigación.
"Eso se cayó cuando se conoció el video que muestra lo que realmente pasó", afirmó. Mansilla consideró que la estrategia formó parte de una práctica reiterada.
"Es una especie de modus operandi: denunciar a quienes la denuncian", sostuvo.
El impacto en las docentes
A más de un año de los hechos, las consecuencias todavía persisten para las trabajadoras de la educación que resultaron víctimas de la agresión. Mansilla señaló que una de las docentes permaneció aproximadamente ocho meses con licencia debido a las secuelas que le dejó el episodio.
Además, indicó que ambas continúan recibiendo asistencia psicológica. "Las dos están con tratamiento psicológico. La situación las afectó muchísimo", afirmó.
El impacto emocional fue tan importante que incluso evitaron asistir a algunas de las audiencias judiciales desarrolladas hasta el momento. "No han ido a las audiencias porque les genera mucha angustia revivir todo lo que pasó", explicó el abogado.
Sin embargo, cuando se realice el juicio oral deberán prestar declaración como testigos y relatar nuevamente los hechos ocurridos dentro de la institución educativa.
Otro elemento que forma parte del expediente es el testimonio de la hija de la acusada, alumna del establecimiento al momento de los hechos.
La menor declaró mediante cámara Gesell, el sistema utilizado para tomar testimonios de niños y adolescentes en ámbitos judiciales. Según indicó Mansilla, la declaración no favoreció a su madre. "La hija declaró y su testimonio fue en contra de la versión de la madre", aseguró.
El abogado agregó que también se investigaron situaciones vinculadas a amenazas que la propia estudiante habría dirigido a una docente antes de los episodios que terminaron desencadenando el conflicto.
Tras lo ocurrido, la alumna dejó de asistir al Colegio San Martín y fue trasladada a otro establecimiento educativo de la ciudad. La audiencia de control de acusación permitió avanzar en la definición de los testigos y de la prueba que será presentada durante el debate oral. Entre quienes deberán declarar figuran las docentes involucradas, autoridades escolares, profesionales de la salud y otros testigos vinculados a la investigación.
La jueza de garantías Karina Álvarez avaló la apertura a juicio, por lo que ahora resta que la Oficina Judicial establezca la fecha en la que se realizará el debate. "En la audiencia se acordaron los testigos y toda la prueba. Todavía no está fijada la fecha, pero entendemos que la vamos a conocer en los próximos días", explicó Mansilla.
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