Un nuevo acto de provocación, a 50 años del golpe de Estado

Al igual que ocurrió el año pasado y en 2024, el gobierno nacional volvió a realizar otro acto de provocación, bajo el argumento falaz de agregar la palabra “completa”, a la consigna histórica de memoria, verdad y justicia.

Para estos 50 años del golpe de Estado se utilizó un video denominado “Las víctimas que quisieron esconder”, donde una de las protagonistas de esa filmación es Miriam Fernández, nieta recuperada 127, que en la grabación afirma que la sociedad creyó “un relato que no fue real” y que “para sanar en este país y para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera”.

Un testimonio poco o nada representativo, dado que la inmensa mayoría de los 140 nietos recuperados por el trabajo incansable de Abuelas de Plaza de Mayo reivindican la historia de sus padres y madres biológicas, se sumaron a los organismos de derechos humanos y de ningún modo esgrimirían ese argumento de que la sociedad creyó hasta ahora “un relato que no fue real”.

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Los hijos de los genocidas

En contraposición, existe Historias Desobedientes, una agrupación que cuenta con más de 120 miembros activos en Argentina, conformada por hijas, hijos y familiares de personal de las fuerzas armadas y de seguridad, responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar en Argentina.

Entre sus acciones y en repudio a sus progenitores, impulsaron proyectos de ley para modificar los artículos del Código Procesal Penal que prohíben a los hijos declarar contra sus padres en causas judiciales.

Además de los casos como el de Mariana Dopazo, hija del represor Miguel Etchecolatz, que cambió su apellido por el de su madre, para no llevar consigo el lastre de quien fuera condenado nueve veces a cadena perpetua por robo de bebés, secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.

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Los dos demonios

En el video difundido por el gobierno nacional también aparece el testimonio de Arturo Larrabure, hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure, que en 1974 fue secuestrado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Todo a favor de la postura libertaria de impulsar la llamada “teoría de los dos demonios”, una perspectiva que busca equiparar el reconocimiento de los crímenes cometidos por la última dictadura con el de las víctimas de las organizaciones armadas de los años setenta, previo al golpe.

Nunca estará de más recordar que lo ocurrido en el período 1976-1983 en Argentina se trató de delitos de lesa humanidad, calificados de esta manera por el derecho internacional. Y fue así porque la Argentina adhirió al Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, que establece en su artículo 7 que los crímenes de lesa humanidad son aquellos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

Son los propios tratados internacionales los que marcan la diferencia, al señalar que, en el caso de los militares, utilizaron el poder de un Estado que actuó como terrorista y por lo cual aún hoy esos delitos (imprescriptibles) se siguen juzgando.

Este discurso de “memoria completa” lo que persigue, en realidad, es relativizar las atrocidades cometidas por la dictadura, desde el número de desaparecidos hasta la justificación del accionar de las Fuerzas Armadas bajo el argumento de que se “combatió” en un escenario de “guerra” contra la “subversión”.

La guerra que no fue

Los hechos cronológicos y fácticos demuestran que el 24 de marzo de 1976 las organizaciones armadas como ERP y Montoneros se encontraban con muy poco o nulo poder de fuego y que habían sido desarticulados por el accionar de la Triple A en la etapa previa al golpe. En dictadura, sólo se registraron algunos episodios aislados y muchas de las acciones de los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad fueron disfrazadas como enfrentamientos cuando en realidad se trató de asesinatos.

La mayoría de las víctimas de la salvaje represión clandestina no fueron integrantes de grupos guerrilleros sino estudiantes universitarios (y secundarios), delegados sindicales, militantes de diferentes partidos políticos y hasta gente que no tenía actividad política alguna.

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Un repaso por el alegato del fiscal Julio César Strassera en el Juicio a las juntas militares de 1985 deja muy claro esto último, además de precisar el plan sistemático de exterminio implementado por el gobierno de facto, que incluyó violaciones, vejaciones de todo tipo, operativos en los que se arrojaron prisioneros que aún estaban con vida desde aviones al mar o al río de La PLata, secuestros de bebés y perversiones inimaginables.

El alegato de la justicia

“Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan ´hechos políticos’ o ´contingencias del combate’ . Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral”, señaló Strassera en un fragmento de la brillante exposición que realizó antes de pronunciar el recordado “señores jueces, Nunca Más”.

Lo hizo para desacreditar las argumentaciones que utilizaron los abogados defensores de los militares en ese histórico juicio, las cuales, paradójicamente, se asemejan a la de los voceros del actual gobierno nacional.

Memoria, verdad y justicia “completa” sería conocer dónde están los cuerpos de los desaparecidos sobre los que aún hoy se desconoce su paradero, del mismo modo que la identidad de los cientos de bebés (ya adultos), hijos de desaparecidos, que todavía buscan sus abuelas y familiares.