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Una "arrepentida" pide meter al MPN en la ruta del dinero de los planes sociales

Fue condenada y testigo de la causa. Es por el juicio para recupear el dinero de la estafa. La decisión que tomó Fiscalía de Estado y la recomendación al juez.

En el marco de la causa por la millonaria estafa con planes sociales en Neuquén, la Fiscalía de Estado fijó una postura ante el intento de una de las imputadas de ampliar el alcance del proceso hacia el plano político, en este caso a convocar al MPN como persona jurídica. En este caso, sería para que puedan esclarecer hacia dónde fue el dinero.

Si bien Fiscalía de Estado no se opuso formalmente a la citación de terceros, aclaró que considera jurídicamente improcedente involucrar al Movimiento Popular Neuquino y pidió que, en caso de avanzar, las costas sean asumidas por quien promovió esa medida. En estos días la justicia tiene que definir si lo hace: es saber dónde fueron a parar los 153 millones de pesos (a valores históricos y más de 2 mil en la actualidad, de los beneficiarios de programas sociales.

En el juicio, se ventiló que las maniobras fraudulentas iban a parar a una caja azul, con el destino a punteros políticos y planillas de Excel. Pero nadie avanzó contra ningún dirigente.

La presentación fue realizada en el expediente “Provincia del Neuquén c/ Di Luca Orlando Abel y otros s/ responsabilidad del Estado”, que se tramita en el fuero contencioso administrativo provincial. El es proceso para "recuperar el dinero" de la estafa. Se sabe además que los 11 condenados no se beneficiaron directamente con el dinero que recaudaban. entonces ¿dónde está?

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El abogado Gustavo Kohon, representante de Fiscalía de Estado en la causa planes sociales.

El abogado Gustavo Kohon, representante de Fiscalía de Estado en la causa planes sociales.

Planes sociales: una arrepentida que pide investigar al MPN

Allí, el abogado Gustavo Kohon, en representación de la Provincia, respondió al planteo impulsado por la co-demandada una "arrepentida" que cobró cheques de desocupados, hizo extracciones en cajeros automáticos, pero que hoy sigue trabajando por el "criterio de oportunidad", en un sector del Estado Provincial. Fue una de las cuatro personas que pasó de acusada a testigo durante el juicio.

Según el escrito, la defensa la arrepentida sostiene que su accionar ilícito —por el cual ya fue condenada en sede penal— habría tenido como beneficiarios a integrantes o referentes del MPN, lo que, a su entender, habilitaría una eventual acción regresiva contra esa fuerza política.

Sin embargo, la Fiscalía de Estado elevó a la justicia otro planteo. En primer lugar, señaló que no bloqueará la citación para evitar demoras o incidentes procesales que puedan entorpecer el avance del expediente. Pero, al mismo tiempo, advirtió que esa estrategia carece de sustento jurídico.

El argumento es un principio básico del derecho, porque nadie puede fundar un reclamo en su propio delito. En ese sentido, remarcaron que la autoría de los hechos de corrupción ya fue reconocida por la propia demandada y establecida en la causa penal, por lo que no puede utilizar esos mismos hechos como base para derivar responsabilidades hacia terceros.

Juicio - Estafa - Planes Sociales (2)
La Caja Azul de desarrollo social estaba en el primer piso de la calle Rivadavia 44

La Caja Azul de desarrollo social estaba en el primer piso de la calle Rivadavia 44

Además, la presentación de Kohon subraya que las menciones surgidas en la sentencia penal respecto del eventual destino de los fondos o de dinámicas políticas internas no alcanzan para trasladar automáticamente la discusión al plano institucional de una persona jurídica como un partido político.

“La pretensión de introducir a dicha persona jurídica en este proceso no encuentra fundamento jurídico suficiente y resulta ajena al objeto propio de la acción”, sostiene la presentación, que insiste en que el foco del expediente es la reparación del daño causado al Estado por quienes fueron declarados responsables.

La Fiscalía pidió que, si el juez decide avanzar con la citación del MPN, los costos derivados de esa medida recaigan exclusivamente en la co-demandada que la impulsa, al tratarse de una diligencia promovida en su propio interés.

El planteo agrega un otro sentido a la causa de los planes sociales, una investigación sensibles desde la política de los últimos años en Neuquén, donde ahora también se disputa hasta dónde puede llegar la responsabilidad por el desvío de fondos públicos.

¿Por qué nombran al MPN en la causa?

¿Ahora bien, porqué se quiere citar al MPN en el juicio civil por recuperar el dinero? La clave está en un dato que ahora empieza a impactar de lleno en el expediente porque los propios jueces del tribunal penal dejaron asentado que el dinero desviado no tenía como destino final a los imputados de menor rango, sino a una estructura vinculada al MPN.

Ese punto, que surge de la sentencia firmada por los jueces Juan Manuel Kess, Juan Guaita y Luciano Hermosilla, es ahora el eje de la estrategia de defensa en la causa civil, donde una de las imputadas busca correrse del centro de la escena y trasladar la responsabilidad.

Jueces planes sociales
Los jueces del juicio de estafa con planes sociales, Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita.

Los jueces del juicio de estafa con planes sociales, Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita.

Es que los párrafos citados del fallo penal no dejan lugar a medias tintas, como tampoco lo que durante las 32 audiencias ventiló el fiscal Pablo Vignaroli. El juez Hermosilla advirtió que la Fiscalía no logró demostrar que los acusados fueran los destinatarios finales del dinero. “En todo momento se dijo que el dinero era para financiar a referentes del Movimiento Popular Neuquino, periodistas y particulares”, dijo.

Hermosilla también describió un circuito de extracción de dinero, armado de sobres y entrega escalonada hasta llegar a niveles superiores de la estructura. Pero el dato más fuerte aparece en otra afirmación del tribunal: “Del juicio resultó que los beneficiarios de la maniobra fueron referentes del Movimiento Popular Neuquino”.

A lo largo de la sentencia, los jueces reconstruyeron un esquema que —según el fallo— enlazaba la administración pública, los intermediarios territoriales o "punteros" y el financiamiento político. “Se acredita un clientelismo político, basado en una estructura demostrada a lo largo de todo el juicio oral”, dijeron.

En este sistema los denominados “referentes políticos” —mayoritariamente vinculados al MPN— cumplían un rol que era el de aportar listados de beneficiarios, recibían dinero y operaban como intermediarios.

La sentencia también describe cómo esos fondos no solo se usaban para gastos personales o de la propia maniobra, sino que alimentaban una estructura más amplia. “Financiamiento de una estructura clientelar (…) para captar voluntades en beneficio del Movimiento Popular Neuquino”.

Incluso se menciona la existencia de una red organizada de distribución de dinero en sobres, con nombres específicos y circuitos definidos.

Este punto es el que ahora intenta capitalizar la defensa de la arrepentida.

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