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La Mañana Organizaciones sociales

Una "arrepentida" reabre la causa por fraude en las organizaciones sociales de Neuquén

La defensa pidió aclarar el rol de la expresidenta de la cooperativa Viento Sur que declaró contra sus compañeros. Similitudes con la causa de planes sociales.

La investigación sobre la transferencia de fondos a organizaciones sociales como la cooperativa Viento Sur de Neuquén, vinculada con el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), se reactivó y expuso un nuevo foco de conflicto. Es la figura de una supuesta “arrepentida” cuya situación procesal aún no fue aclarada.

Una mujer que habría declarado en contra de sus compañeros, tal como ocurrió en la causa de la estafa con planes sociales, y que adhirió procesalmente a un "régimen de oportunidad", con los fiscales Pablo Vignaroli y Juan Narváez, o también lo que se conoce como "arrepentido" en el fuero federal.

El tema fue debatido en la audiencia del 2 de octubre, presidida por el juez de Garantías, Raúl Aufranc, a pedido de las defensas. Participaron la fiscal de Delitos Económicos, Valeria Panozzo, el representante de la Fiscalía de Estado, Ismael Bras, y los abogados Mariano Pedrero y Marcos Pastorutti.

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Los reclamos de las organizaciones sociales. Algunas están investigadas por maniobras en la gestión anteriores, pero denuncian persecución política del gobierno.

Los reclamos de las organizaciones sociales. Algunas están investigadas por maniobras en la gestión anteriores, pero denuncian persecución política del gobierno.

Estuvieron presentes varios imputados, entre ellos el referente del FOL Diego Mauro, la exdiputada Gabriela Suppicich, Ruth Valencia Navarrete, Sonia Barrios, Lilian La Rosa Velázquez y Federico Sánchez.

Organizaciones sociales: dos legajos y los manejos

Según explicó Pedrero, el objetivo fue pedir a la fiscalía que aclare una situación confusa que afecta el derecho de defensa. Recordó que el legajo 324246 (administración fraudulenta) surge como desprendimiento del 317176 (administración fraudulenta y extorsión), iniciado por denuncia de la Fiscalía de Estado en mayo de 2024, que derivó en allanamientos en julio de ese año “por demás violento" y estigmatizantes, cuyos rostros aparecieron en todos los medios, incluso de personas que no estaban imputadas”, señaló.

Ese legajo original se inició bajo las hipótesis de extorsión y administración fraudulenta. Luego de los allanamientos “espectaculares”, no hubo avances y se solicitaron audiencias de control de acusación y de plazos. Finalmente, el 26 de septiembre de 2024, se impuso a la fiscalía un plazo que vencía en febrero de 2025 para formular cargos.

Pese a ello, el 16 de octubre de 2024, la fiscalía decidió dividir los legajos: el 303176 continuó investigando la extorsión, y otro nuevo, el 324246, quedó para la administración fraudulenta. El primero volvió a paralizarse y fue archivado en febrero de este año, mientras que el segundo avanzó con la formulación de cargos el 8 de abril.

Una supuesta “arrepentida” contra sus compañeros de lucha

La polémica gira en torno a Indira Buhlman Coronel, quien fue presidenta de la cooperativa Viento Sur. En agosto de 2024 declaró como imputada ante la fiscalía, asistida por la abogada Antonella Carabelli, en el marco del legajo unificado. Sin embargo, tras la división de los expedientes, su figura cambió sorpresivamente de imputada a testigo, algo que generó desconcierto entre las defensas.

“Necesitamos saber cuál es la situación procesal de Buhlman, porque aparece como testigo y no tenemos noticias de que haya sido sobreseída”, sostuvo Pedrero. “Y si es testigo, queremos ejercer el derecho de defensa y hacerle preguntas”, agregó.

Pedrero aclaró que, según su criterio, Buhlman no es una “arrepentida” formal como en el caso de los planes sociales, donde cuatro empleadas fueron sobreseídas antes de declarar. “Para que declaren como testigos, primero deben ser sobreseídas, porque estaban imputadas”, enfatizó.

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El allanamiento en 2024 a la Cooperativa Viento Sur.

El allanamiento en 2024 a la Cooperativa Viento Sur.

En ese sentido, advirtió que el fiscal jefe Pablo Vignaroli habría adelantado que la exdirigente será testigo, aunque la fiscal Panozzo lo negó. “No dijo eso”, interrumpió durante la audiencia.

El juez Aufranc consideró razonable el planteo de la defensa, pero ordenó que la discusión se realice con Buhlman presente, por lo que resolvió reprogramar la audiencia y convocarla nuevamente junto a su abogada.

Los fondos millonarios y las acusaciones

La causa involucra a seis integrantes de la cooperativa Viento Sur, acusados de desviar más de mil millones de pesos en 2023 (actualizados, más de 6.000 millones de pesos). Según la imputación, los fondos que el gobierno de Omar Gutiérrez destinó a capacitaciones laborales fueron usados para pagar sueldos, comprar terrenos y vehículos.

En abril pasado, los fiscales Vignaroli y Juan Narváez confirmaron que la investigación podría alcanzar a exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social entre e llos Tomás Siegenthaler (excoordinador provincial de Administración). Pero estos no fueron notificados por la fiscal Panozzo durante la audiencia.

La supuesta “arrepentida” y su doble condición de imputada y testigo podrían convertirse en un elemento fundamental del entramado judicial que conecta a las cooperativas Viento Sur y FOL con la presunta malversación de fondos estatales durante la última gestión provincial.

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