La relación con los Kaxipayiñ en la gestión de Omar Gutiérrez llegó hasta el compromiso de escriturar las tierras del istmo en Mari Menuco. ¿Un mal acuerdo?
La situación está que arde en el istmo del lago Mari Menuco, con el bloqueo mapuche a YPF que avanzaba con máquinas en la primera plataforma de petróleo no convencional, en una zona de conflicto Vaca Muerta. Hay una orden de desalojo que está en suspenso. Y se aguarda una salida política, con versiones cruzadas por los mapas y la ocupación de las tierras de la comunidad Kaxipayiñ.
Los mapuches recibieron una orden judicial por cortar las vías de acceso al istmo, una lonja de tierra fiscal que separa dos lagos, ubicada a 60 kilómetros de Neuquén capital, cerca de la represa de Los Barreales. Una orden que fue ratificada por el fiscal general, José Gerez, quien dijo que "no se puede reclamar cortando rutas". Pero hay mucha tela para cortar, más allá de las frases.
En esa zona, YPF tiene un plan de perforación en la ventana petróleo, en la concesión La Angostura Sur II. Es un bloque de reciente conformación, que era parte del yacimiento convencional Loma La Lata-Sierra Barrosa. La operadora no se refirió al conflicto, oficialmente, de una concesión que se aprobó el 7 de marzo de 2023, y donde ya empiezan a verse los primeros movimientos de suelo. Todo va muy rápido.
Mapuches y petróleo: ¿un "mal acuerdo" en pandemia?
Hay un plan ambicioso de perforación alrededor de los lagos, y según el werken de la comunidad, Gabriel "Rolo" Cherqui", "con más de 520 pozos", en una zona paradisíaca y con gran potencial turístico para el desarrollo de las costas del perilago.
En estas últimas horas, según supo LMNeuquén, hasta el propio CEO de YPF, Horacio Marín, estuvo al tanto de la situación conflictiva y podría haber una reunión con la comunidad mapuche la semana que viene, más allá de qué postura tome el gobierno de Rolando Figueroa y el cumplimiento de la orden, emitida por la fiscal Paula González. Nadie quiere líos en Vaca Muerta.
Es que el tema es más profundo y complejo, y roza las fibras sensibles de un acuerdo administrativo que se hizo durante el gobierno de Omar Gutiérrez, cuando se avanzaba en los mapas territoriales de la comunidad. Todo empezó con un conflicto extenso entre los Kaxipayiñ y la comisión directiva de la Villa del Club Mari Menuco.
El febrero de 2021, en pandemia, comenzaban las reuniones en el Ministerio Público Fiscal, precisamente en la Oficina de Mediación y Conciliación Penal, por los conflictos entre los mapuches y el Club Mari Menuco. Había mala convivencia, que incluso llevó a cortes de ruta e interrupción de la entrada a la villa.
Se trató del compromiso del gobierno provincial, entre otros puntos, en mediación con el Ministerio Público Fiscal, de ceder y escriturar las tierras del istmo. Precisamente donde hoy YPF lleva el plan de desarrollo petrolero. Son tierras ocupadas luego de la sanción de la Ley 26.160.
Es que detrás del conflicto, asomaba la posibilidad de judicializar a los mapuches con causas, y por eso acudieron esta vía alternativa. Lo mismo pasó en 2017 con la autoproclamada comunidad Fvta Xayen en Trataytén, donde algunos de sus miembros evitaron el juicio por usurpación de campos (familias Galván, Paredes, Formaro y Ferracioli) y arreglaron una salida alternativa y el compromiso de un paso par animales para los mapuches, hasta el río Neuquén.
Del conflicto con Mari Menuco a YPF
Con los Kaxipayiñ se avanzó con el relevamiento territorial. La idea era delimitar las zonas, entre otras cosas, ante la preocupación de los socios de club Mari Menuco y el Yacht Club Neuquén. Hubo una causa en el Juzgado Civil N°4, a cargo de María Eugenia Grimau, que melló a la comunidad en términos económicos.
Cada vez que había conflictos por la tierra en discusión (por una causa de turbación de la posesión), se les cobraba "astreintes", una suerte de multas millonarias a los Kaxipayiñ.
Pero esa guerra no podría seguir escalando, y hubo un acuerdo, casi bajo presión de muchas partes, para cortarla de raíz, para que el Instituto Nacional de Asunto Indígenas (INAI) aprobara el relevamiento de tierras, en la ocupación tradicional del los Kaxipayiñ.
El acuerdo alcanzó otras tierras que no estaban en los mapas originales de la ocupación y que en su momento fueron parte de un conflicto que derivó en la mudanza del istmo de Mari Menuco-Los Barreales, de decenas de asociaciones civiles y mutuales en 2017.
Ese compromiso, entre otros, quedó plasmado en el acta acuerdo del 28 de febrero de 2023, en el punto II.5, donde la provincia se compromete a mensurar las tierras del ismo y escriturarlas. Se hizo la mensura, pero el trámite nunca se completó, por lo que ese acuerdo parece haberse roto en el cambio de gobierno. En su momento, quien formó esa acta fue el exministro de Turismo, y excandidato a diputado nacional por el MPN, Sandro Badilla.
"Perforar el istmo es un crimen, porque no estamos solamente nosotros, están los otros clubes, no se pueden hacer 500 pozos, hay una represa y todo de la noche a la mañana", dijo a LM Neuquén.
La discusión es por la titularidad de las tierras y hay dos mapas superpuestos que están en conflicto. Uno es del de las concesiones hidrocarburífderas, que se suma La Angostura Sur II y otro es el reclamo que tiene los Kaxipayiñ con las tierras fuera de la ocupación tradicional. Precisamente ahí hay una batalla que no se sabe de su consistencia legal.
Los Kaxipayiñ no son nuevos en esa zona y sus conflictos datan de la década de los '90 con Loma La Lata. La personería jurídica la consiguieron el 15 de octubre de 1997, con una resolución del ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en ese momento a cargo de Eduardo Amadeo, en la presidencia de Carlos Menem.
La comunidad reclama una consulta previa, libre e informada, según Ley 3401. Una ley sobre la cual ya se hizo un protocolo, pero que nunca se aplicó y tampoco nadie sabe cómo hacerlo. Solo el nuevo gobierno tiene la llave de cómo destrabar este conflicto, que huele más a político que a temas legales de fondo.
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