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Ni una menos: el debate de la perspectiva de género en la Justicia sigue vigente

Las diferencias de criterio de la Fiscalía de Género están a la vista y las víctimas continúan en riesgo.

Por Ailín Trepiana / trepianaa@lmneuquen.com

El 3 de junio del 2015 marcó las agendas mediáticas, sociales y políticas en un solo grito de hartazgo contra la violencia machista bajo el lema #NiUnaMenos. A cinco años de ese estallido, ¿qué pasa en la Justicia neuquina con esas causas?

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En el Poder Judicial de Neuquén hay grandes diferencias a la hora de actuar ante causas por hechos de violencia de género. La fiscalía especializada no interviene cuando los agresores rompen por primera vez las restricciones de acercamiento hacia las mujeres, lo que evidencia su falta de protección a la víctima.

Desde la Oficina de Violencia hay observaciones hacia el trabajo de dicha Unidad Fiscal, que desde agosto del 2017 está a cargo de Carolina Mauri, aunque admiten que “son grandes los esfuerzos” por saldar las diferencias. Quienes tienen contacto directo con la fiscalía, aseguran que en muchas causas no se aplica la perspectiva de género, mientras que otras se archivan por considerarlos poco graves o que no hay delito.

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La fiscal de Violencia de Género y Doméstica, Carolina Mauri, admite que al menos la mitad de los llamados que ingresan a la fiscalía son por incumplimiento de medidas cautelares y reconoce que no actúa si previamente el Juzgado de Familia no le aplicó una sanción. La fiscalía, sin embargo, puede actuar de forma independiente ya que el primer incumplimiento constituye una falta por desobediencia a la Justicia.

Hacia adentro del Poder Judicial, el debate en torno a esto es de larga data. Sin embargo, desde la Oficina de Violencia y desde el equipo de la Línea 148 advierten que esto es una dificultad al momento del trabajo conjunto para garantizar la protección de las víctimas. En definitiva, más allá de las diferencias por las interpretaciones de la ley, lo que está en riesgo son las vidas de las mujeres.

“De las llamadas que recibimos, la mitad son incumplimiento de medidas cautelares. El fuero de familia tiene establecido en la ley 2785 una sanción específica que es la sanción de arresto. Si no se aplica la sanción de arresto, no procede el delito de desobediencia y eso lo dice la teoría del delito, entonces ellos han empezado a arrestar bastante”, explica Carolina Mauri en una entrevista con LMN. “Yo no arresto porque no me corresponde la ley 2785”, aclara.

Al mismo tiempo, la resolución 41/18 emitida por el fiscal general José Gerez en octubre del 2018 da lugar a esta inacción al determinar que dicha fiscalía investigará, entre otras cosas, la “desobediencia reiterada a una orden judicial de restricción, dictada en el marco de un proceso judicial”. La palabra “reiterada” hace la diferencia, aunque podría no hacerla si al primer incumplimiento el agresor asesina a la víctima. Ocho meses antes de esa resolución, Lorenzo Muñoz -sobre quien pesaba una restricción de acercamiento- asesinó de forma brutal a Carina y Valentina Apablaza en Las Ovejas.

“El solo hecho de desobedecer ya configura un delito y un fiscal puede promover acciones, es el deber legal”, considera, por su parte, el titular de la Oficina de Violencia, Juan Pablo Durán. En diálogo con LMN, reconoce que hay diferencias con el trabajo desempeñado por la Fiscalía de Género.

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“Llevamos años tratando de llegar a un acuerdo con la Fiscalía porque en el 99% se viola la restricción o se desobedece la orden judicial. Entonces los fiscales no nos aceptan todas las vistas por desobediencia judicial sino aquellas que son reiteradas y en las que ya hemos dictado un arresto”, afirmó Durán. Y reconoció: “Son miradas completamente distintas, lo cual es un defecto gravísimo porque el género tiene que ser transversal a todas las intervenciones de todos los fueros”.

Los llamados al 148 se incrementaron hasta un 200%

El equipo de la línea 148 trabaja de forma articulada con diversos organismos, entre ellos el Poder Judicial. En medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio, los llamados se incrementaron exponencialmente aunque no todos requieren la intervención de la Justicia. Durante mayo, los llamados se incrementaron en un 214% respecto a febrero, mes previo a la cuarentena, mientras que respecto a marzo aumentaron un 148% y, en relación a abril, subieron un 110%.

Del total de llamados recibidos durante mayo, el 32% fueron judicializados y, de esa cantidad, sólo el 2% fueron derivados a la Fiscalía de Género. La gran mayoría de las veces trabajan con la Oficina de Violencia porque no comparten los criterios de Mauri a la hora de abordar las denuncias.

“Muchos de los hechos con los que nosotras trabajamos, que podrían ser considerados por los equipos técnicos como de intervención de la Fiscalía de Género, ellos consideran que no es de su competencia y no lo abordan”, aseguró la titular de la Línea 148, Soledad Crespín, en diálogo con LMN.

Para Crespín, las acciones que emita la Justicia penal tienen poder de prevención si se tiene en cuenta el contexto de violencia que sufre la mujer. “La acción que tienda a reprimir la conducta de un varón que no registra límite previo lo tiene únicamente la Justicia penal y eso, como en principio tienen penas privativas de la libertad mínimas, no son investigadas y no son seguidas como procesos penales cuando nosotros consideramos que muchas de esas intervenciones serían preventivas de situaciones de mayor escala de violencia. No se considera grave por parte de la Fiscalía, lo ven como un hecho aislado de incumplimiento y no como un incumplimiento dentro de un cuadro general de la situación de violencia, que muchas veces viene de hace muchos años. Entonces esa sería una faz de la prevención que la Justicia penal no la ve, no la registra y no la comparte”, explica.

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