Está involucrado en la causa Cuadernos, pero podrá estar en Búzios durante más de una semana.
El exfuncionario kirchnerista, Roberto Baratta ya tenía reservados los pasajes y el hotel para pasar Año Nuevo con su familia en Búzios, Brasil. El martes consiguió el permiso judicial para salir del país. Y esta medida generó gran polémica.
El Tribunal Oral Federal N° 3 tiene a su cargo la causa por el uso de la caja chica del Ministerio de Planificación Federal, donde Baratta fue subsecretario de Coordinación y Control de Gestión bajo las órdenes de Julio De Vido. Y ahora autorizó el viaje a Brasil del 28 de diciembre al 6 de enero de 2027.
El primer permiso lo dio el TOF 7, que desde noviembre de 2025 juzga a Baratta junto a De Vido y a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Cuadernos. Ese tribunal también dictó la condena por las compras de gas natural licuado, un fallo que está apelado.
Andrés Basso consideró que el tribunal podía prescindir de la presencia de Baratta durante esos días. Tuvo en cuenta el permiso del TOF 7. Fernando Machado Pelloni no encontró indicios de que el exfuncionario fuera a fugarse. La fiscalía avaló el pedido. Al regresar a la Argentina, Baratta tendrá hasta el tercer día hábil para presentarse ante el tribunal.
En marzo, esos mismos jueces ya lo habían autorizado a viajar a Río de Janeiro en abril para encontrarse con su esposa y sus hijos.
Javier Ríos, el juez que votó en disidencia, había autorizado a Baratta a salir del país en diciembre de 2023 y en noviembre de 2024. En ambos casos, el exfuncionario acreditó que viajaba por trabajo. Para la estadía en Búzios, la defensa invocó motivos de "recreación familiar".
En la causa de la caja chica sigue pendiente un embargo. Ríos recordó en su voto que Baratta había declarado que carecía de bienes y de dinero para cubrirlo. Propuso que, antes de salir de la Argentina, el exfuncionario acreditara el origen de los fondos para las vacaciones o depositara el monto del embargo.
La causa en la que se dictó ese embargo empezó en 2016. La Oficina Anticorrupción denunció que en Planificación se fraccionaban compras para eludir controles y se presentaban presupuestos falsos para favorecer a ciertos proveedores.
Señaló a Baratta y Luis Vitullo, entonces director general de Administración, por su presunta intervención en esas contrataciones. Los gastos cuestionados iban desde la compra de café hasta el alquiler de aviones para los viajes del ministro.
La condena por el gas y la audiencia por su patrimonio
El 30 de septiembre de 2025, el TOF 7 condenó a Baratta a tres años y seis meses de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En ese juicio, la fiscalía cuestionó las comisiones que se pagaron a intermediarios por la importación de once cargamentos de gas. El tribunal ordenó restituir al Estado US$5.523.345 más intereses y condenó a De Vido a cuatro años de prisión.
El mismo martes en que consiguió el permiso para viajar, Baratta estuvo en Comodoro Py por una investigación sobre su patrimonio. La Sala I de la Cámara Federal porteña escuchó a la defensa, que apeló su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito. En ese expediente, el juez Julián Ercolini dispuso un embargo de $1.500 millones.
Uno de los bienes que examinó Ercolini fue una casa en Pilar. El terreno en el Mapuche Country Club figuraba a nombre de la madre de Baratta. Las facturas de la construcción, en cambio, estaban a nombre del exfuncionario, cuya familia usaba la vivienda.
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