Cristina Kirchner y los demás condenados no pagaron los $648.000 millones: qué pasará con sus bienes
El plazo establecido por la Justicia en el marco de las sentencias por corrupción en la causa Vialidad, venció este miércoles. La expresidenta hizo una presentación.
El proceso judicial por corrupción en la causa Vialidad dio un nuevo paso con el vencimiento del plazo, para que Cristina Kirchner y los demás condenados paguen los $648.000 millones impuestos por el Tribunal Oral Federal 2. Hasta la mañana de este miércoles, ninguno de los implicados había efectuado el pago.
Entre ellos están, el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti y los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz.
Esta situación habilita a la Justicia para iniciar el embargo de sus bienes, aunque todavía se esperan definiciones sobre recursos presentados por la exmandataria.
Antes de que la Justicia avance con el decomiso, el Tribunal deberá responder el pedido de suspensión presentado por Cristina Kirchner. La expresidenta cuestiona el cálculo de la cifra y reclama que se explique cómo se llegó a ese monto final. Si el Tribunal rechaza su solicitud, la última palabra corresponderá a la Cámara de Casación, y en caso de una resolución adversa, la Corte Suprema de Justicia constituye la instancia final para un eventual recurso adicional.
A través de su abogado Carlos Beraldi, la exmandataria argumentó que la cifra se tomó sin debate previo, afectando su derecho de defensa y el principio de juez natural. En el escrito presentado, la defensa sostiene que no existen bienes que puedan ser ejecutados en este marco y que, en su patrimonio, no se encuentran elementos vinculados al delito investigado.
Revisión del cálculo: la disputa técnica
Uno de los puntos centrales del reclamo es la metodología utilizada para calcular el monto a decomisar. La defensa cuestiona que se haya aplicado el índice de precios al consumidor del INDEC, sin considerar otras alternativas como tasas bancarias. Según Beraldi, este método genera un valor inflado y no refleja correctamente el patrimonio de la exmandataria.
Cristina Kirchner sostiene que su evolución patrimonial es legítima y que el mismo criterio se aplica al resto de la familia Kirchner. En su escrito, la defensa recuerda pronunciamientos judiciales previos que respaldan esta afirmación, lo que refuerza su estrategia de cuestionar la ejecución inmediata del embargo.
Un escenario judicial complejo
Mientras tanto, la expresidenta cumple prisión domiciliaria en su residencia de Constitución, donde permanece bajo control judicial. La combinación de recursos pendientes, cuestionamientos técnicos y plazos judiciales marca un camino de múltiples instancias antes de que la cifra reclamada pueda ser efectivamente ejecutada.
El caso Vialidad sigue generando repercusiones políticas y mediáticas, y la expectativa se centra ahora en los pasos que dará la Cámara de Casación y, eventualmente, la Corte Suprema. La disputa sobre la legalidad y el cálculo del decomiso define no solo la estrategia de defensa de Cristina Kirchner, sino también la posibilidad de dilatar el inicio del embargo.
El desenlace de este episodio puede marcar un precedente en la manera en que la Justicia argentina aborda la ejecución de bienes en causas de corrupción de alto perfil. Mientras tanto, el país observa cómo se desarrollan los pasos administrativos y judiciales que podrían afectar directamente a una figura central de la política argentina.
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