Detuvieron al exgobernador de Entre Ríos y a otros dos exfuncionarios condenados por corrupción

Este viernes, la Justicia de Entre Ríos ordenó la detención de tres exfuncionarios del gobierno provincial condenados por corrupción. Entre ellos se encuentra el exgobernador Sergio Urribarri, quien fue trasladado a una unidad penitenciaria para comenzar a cumplir la pena impuesta.

El exgobernador fue detenido en su domicilio de Concordia y trasladado hacia Paraná, un recorrido de unos 280 kilómetros que demandó cerca de cuatro horas debido al estado de la Ruta Nacional 18. Finalmente, ingresó a la Unidad Penal de Paraná durante la madrugada.

Además de Urribarri, la medida alcanzó a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, y al exministro de Comunicación Pedro Báez. Los tres fueron condenados en la misma causa y deberán comenzar a cumplir sus respectivas penas de prisión.

La condena contra Urribarri

Urribarri fue condenado en abril de 2022 a ocho años de prisión por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. La sentencia quedó firme luego de que la Corte Suprema rechazara el último recurso presentado por su defensa para intentar revertirla.

A partir de esa decisión, comenzó a definirse dónde cumpliría la pena. Entre las alternativas que habían sido consideradas figuraban la Unidad Penal de Paraná, la Unidad Penal de Concordia y la colonia penal de Gualeguaychú.

Por su parte, Aguilera y Báez fueron condenados a seis años y medio de prisión en el mismo expediente. Con la resolución adoptada por el Tribunal de Juicio, los tres comenzaron el cumplimiento efectivo de sus penas.

El pedido de prisión domiciliaria

Antes de que se concretara el traslado, la defensa de Urribarri había intentado evitar su ingreso a una cárcel. Su abogado, Leopoldo Cappa, presentó un pedido para que el exgobernador cumpliera la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria y con monitoreo electrónico.

El planteo estuvo basado principalmente en cuestiones vinculadas con su estado de salud. Según la documentación presentada por la defensa, Urribarri se encuentra bajo tratamiento psiquiátrico desde diciembre de 2025 y cuenta con un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos.

“Su alojamiento en un establecimiento penitenciario común resultaría incompatible con su cuadro de salud y podría generar un agravamiento de su condición, con riesgo para su vida e integridad psicofísica”, había argumentado la defensa en su presentación ante el Tribunal de Juicio a la vez que solicitó que se contemplara una alternativa para garantizar su integridad.

Sin embargo, la Fiscalía se opuso al pedido. Los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano cuestionaron tanto el mecanismo utilizado por la defensa como el órgano judicial al que había sido presentado el planteo.

La Justicia rechazó el planteo

El Tribunal de Juicio, integrado por Carolina Castagno, Elvio Garzón y Julián Vergara, consideró improcedente el pedido presentado por la defensa del exgobernador.

Los magistrados señalaron que, una vez que una condena queda firme, la prisión domiciliaria deja de analizarse como una medida cautelar y pasa a ser una modalidad para cumplir la pena. Por ese motivo, entendieron que la decisión corresponde al Juzgado de Ejecución de Penas.

De esta manera, el planteo no impidió que Urribarri fuera trasladado a la Unidad Penal de Paraná. La defensa todavía podrá realizar las presentaciones correspondientes ante el organismo judicial encargado de definir las condiciones de cumplimiento de la condena.

La defensa de Pedro Báez había realizado un planteo similar, que también fue rechazado por el Tribunal de Juicio.

Qué pasará con los condenados en prisión

Al ordenar el ingreso de los tres condenados a la unidad penitenciaria, los jueces también dispusieron que el área de Sanidad del Servicio Penitenciario realice controles médicos sobre cada uno.

El objetivo es determinar las condiciones necesarias para su atención dentro del establecimiento y garantizar la continuidad de los tratamientos que ya tengan indicados, además de la provisión de la medicación correspondiente.

En caso de que alguno requiera atención que no pueda brindarse dentro de la unidad, el tribunal estableció que deberá garantizarse su traslado a un centro hospitalario.