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La Mañana Obras sociales

El gobierno desregula las obras sociales y permite el ingreso de las prepagas

Lo confirmó el vocero Manuel Adorni. Si bien no hay detalles de la implementación, analistas advierten que actualmente los aportes no son suficientes para la cobertura de la Prestación Mínima Obligatoria (PMO).

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó hoy que en las próximas horas el Gobierno reglamentará el decreto que establece la libertad de elección de obras sociales desde el comienzo de una relación laboral.

"Los trabajadores tendrán la libertad de derivar sus aportes a la obra social que elijan desde el inicio de la contratación", dijo Adorni en su habitual conferencia en Casa Rosada.

La norma se ampara en lo establecido en el DNU 70/2023 de diciembre del año pasado, a través del cual el presidente Javier Milei pretende afectar los fondos de los trabajadores que reciben los sindicatos para las obras sociales.

Según se anticipó, el decreto nuevo se va a conocer en las próximas horas y será publicado a partir de mañana en el Boletín Oficial. Todo se encuadra en la pelea que mantiene el gobierno con la CGT por el rechazo a la reforma laboral.

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A partir de la puesta en marcha del nuevo esquema, los trabajadores en relación de dependencia podrán derivar libremente sus aporte a la obras social que quieran, sin estar obligados a esperar un año (en el caso de un nuevo trabajador) o a una empresa de medicina prepaga, sin tener que pasar antes por una obra social que tenga un acuerdo con la empresa privada.

Al respecto, el Instituto para el Desarrollo Socia Argentino (IDESA) señala que “hasta la década del ‘90 la afiliación a la obra social era cautiva”.

“El trabajador estaba compulsivamente afiliado a la obra social del sindicato firmante de su convenio colectivo. Esto generaba incentivos perversos: derroche, corrupción y mala calidad de los servicios”, dice el informe..

IDESA recuerda que con la reforma de los ‘90 se permitió la libre elección entre obra sociales. Por haber sido instrumentada por decreto simple (no un DNU), las prepagas ingresaron al sistema a través de la derivación de aportes desde una obra social que les cobra una comisión.

¿Qué es lo que cambia ahora?

“Ahora, con el DNU, el cual tiene más margen de maniobra que un decreto simple, se permite el ingreso directo de las prepagas. La ventaja es que el 100% del aporte de los trabajadores va a la cobertura sanitaria dado que se evita la comisión a la obra social que opera como un mera pantalla”, señala el informe.

La consultora que dirige el economista Jorge Colina señala que “para que esto funcione correctamente, hay que resolver el problema de los hogares que, por su mayor tamaño o bajos salarios, tienen un aporte per cápita insuficiente para financiar el Programa Médico Obligatorio (PMO)”.

“Este desafío se puede resolver replanteando el uso del Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este fondo se constituye por aproximadamente el 15% de los aportes salariales al sistema. Según datos de la Superintendencia de Servicios de Salud, para el acumulado a septiembre 2023, se observa que:

  • En subsidios a las obras sociales para compensarlas por gastos en servicios sociales a la discapacidad se asignaron $185 mil millones.
  • En subsidios a las obras sociales para compensarlas por gastos en tratamientos de alto costo se distribuyeron $23 mil millones.
  • En subsidios a los trabajadores de bajos ingresos a fin de que eleven su aporte per cápita familiar apenas se utilizaron $4 mil millones.

“Estos datos muestran que una porción muy pequeña del FSR se utiliza para elevar el aporte per cápita de los hogares de menores ingresos. La principal consecuencia es que en el sistema hay muchas familias desfinanciadas. Es decir, quedan desamparadas porque su aporte no cubre el costo del PMO. Estas personas generalmente terminan atendiéndose en los hospitales públicos provocando una enorme transferencia oculta de recursos provinciales hacia las obras sociales”, advierte el reporte.

“El DNU es criticado porque avanza sobre facultades del Congreso. Pero las evidencias muestran que, desde la libre elección establecida a mediados de los ’90, el Congreso aprobó normas que denotan desidia y oportunismo”, señala el informe.

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