El Gobierno intervino la tercera obra social más grande del país por irregularidades

El Gobierno argentino intervino la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (Osprera), la tercera más grande del país, luego de detectar serias irregularidades en el manejo de fondos y una acumulación de deudas millonarias. La acción tuvo lugar este martes y fue anunciada mediante la resolución 1612/2024 por la Superintendencia de Servicios de Salud.

La decisión de intervenir Osprera se fundamenta en una serie de irregularidades detectadas en la administración de la entidad. Según el diario La Nación, se comprobó que “en la obra social había enormes irregularidades administrativas”. La falta de documentación adecuada y la ausencia de informes a la Superintendencia fueron los principales factores que llevaron a la intervención.

En los últimos cuatro años, Osprera recibió transferencias del Estado por un total de $26.090.429.115, y no solo se desconoce el destino de esos fondos, sino que la obra social tiene deudas prestacionales que ascienden a $43.949.000.000.

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Uno de los hallazgos más preocupantes fue que el 90% de los prestadores informados por Osprera afirmaron no tener convenio con la obra social. Este dato se corroboró mediante un relevamiento telefónico realizado a nivel nacional, que reveló que las prestaciones mencionadas por Osprera en su cartilla médica no eran fehacientemente brindadas por los prestadores anunciados.

Además, la situación financiera de Osprera se ve agravada por más de 16.000 reclamos de afiliados y 172 acciones judiciales en su contra. Los problemas más frecuentes reportados incluyen cuestiones relacionadas con medicamentos, afiliación, cirugías, prótesis y problemas prestacionales.

La intervención del Gobierno

La resolución que llevó a la intervención de Osprera citó el artículo 27, inciso 3° de la Ley N.º 23.660, que otorga a la Superintendencia de Servicios de Salud la facultad de proponer la intervención de obras sociales en caso de irregularidades graves. La Superintendencia designó a una administradora provisoria para gestionar la entidad durante el período de intervención.

El Gobierno justificó su acción con base en la “falta de satisfacción de los afiliados” y la falta de rendición de cuentas sobre los fondos recibidos. Las auditorías realizadas revelaron que, a pesar de la asistencia financiera recibida, no se produjo una mejora notable en la situación financiera de la obra social.

Desde el Ejecutivo subrayan que la intención es fomentar una competencia basada en la calidad de las prestaciones en lugar de en la gestión de fondos. “Que compitan entre sí por brindar mejores prestaciones y no por cajas millonarias de la política”, concluyeron desde el Gobierno.

La intervención de Osprera servirá como un caso de estudio en la gestión de obras sociales y en el manejo de fondos públicos en el sector de la salud, con posibles implicaciones para otras entidades similares en el país. La atención se centrará ahora en cómo se resuelven las irregularidades y en la implementación de medidas para evitar problemas similares en el futuro.