El Gobierno le puso tres condiciones al PRO para la "fusión": cuáles son

El escenario político argentino atraviesa un momento de tensión tras el rechazo público de Javier Milei a la propuesta de colaboración legislativa impulsada por Mauricio Macri. En respuesta, el Gobierno nacional ha establecido requisitos concretos para cualquier acercamiento con el PRO, priorizando la alineación absoluta con su agenda económica y simbólica.

La primera condición exige a intendentes, gobernadores y legisladores del PRO adoptar medidas específicas en sus jurisdicciones, particularmente en materia tributaria. Desde la Casa Rosada insisten en que reducir impuestos es un requisito no negociable para integrar La Libertad Avanza. “Quienes incrementen cargas fiscales quedarán automáticamente fuera”, advierten fuentes oficiales, subrayando que esta postura aplica incluso a figuras de peso como Jorge Macri. La premisa es clara: la adhesión a la política económica del Ejecutivo debe ser irrestricta y visible.

Un segundo punto conflictivo radica en la composición de las listas electorales. El oficialismo rechaza que referentes del PRO encabecen las candidaturas, exigiendo en su lugar nombres surgidos de sus propias filas. “Buscamos rostros identificados con nuestro proyecto, no préstamos temporales”, argumentan, en alusión a la necesidad de consolidar una identidad partidaria sin ambigüedades. Esta postura refleja una desconfianza estratégica hacia posibles alianzas superficiales que diluyan su mensaje.

El tercer obstáculo se centra en la figura de Antoni Gutiérrez-Rubí, consultor español vinculado a gobiernos kirchneristas y al equipo de Sergio Massa. Su contratación por parte de Jorge Macri ha sido interpretada como una provocación. “Es inaceptable colaborar con quien contrata a operadores del adversario”, sostienen en Balcarce 50, calificando el hecho como un acto de “hostilidad política”. La presencia del catalán opera como línea roja para cualquier acuerdo en la Ciudad de Buenos Aires.

A qué se debe la postura del Gobierno contra el PRO

Detrás de estos requisitos, se percibe una lectura crítica sobre el peso electoral del PRO. Desde el Gobierno minimizan su influencia actual —“apenas alcanzan el 5% a nivel nacional”— y descartan urgencias para sellar pactos. En su lugar, prefieren tejer alianzas directas con dirigdes provinciales y municipales, evitando mediaciones institucionales. Gobernadores como Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), junto a intendentes de Mar del Plata, Vicente López y Junín, figuran en esta red de contactos privilegiados.

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Paralelamente, avanzan gestiones para atraer a legisladores pro disidentes. Cristian Ritondo y Damián Arabia —este último en proceso de renunciar a la vicepresidencia del PRO— mantuvieron reuniones con equipos de Milei, explorando su incorporación individual al espacio oficialista. La táctica evidencia una fragmentación calculada: desarmar bloques opositores mediante adhesiones selectivas, en lugar de negociaciones globales.

El rol de Mauricio Macri añade otro nivel de complejidad. Si bien no hubo contactos recientes con Santiago Caputo —arquitecto electoral del Gobierno—, se sospecha que avaló la contratación de Gutiérrez-Rubí. Este detalle refuerza la desconfianza hacia un acuerdo orgánico entre fuerzas, impulsando al oficialismo a priorizar tácticas de cooptación fragmentada.

En síntesis, la administración de Milei construye su estrategia bajo dos ejes: exigir gestos inequívocos de sumisión programática y reconfigurar el mapa opositor mediante acuerdos personalizados. Lejos de buscar una fusión partidaria, apuesta a capitalizar el desgaste de sus rivales, convirtiendo a sus figuras más vulnerables en piezas de un rompecabezas propio. El mensaje es claro: en este juego político, las reglas las define quien controla la agenda.