El Ministerio de Capital Humano sostiene que los reclamos de mejoras salariales de los trabajadores universitarios responden a una agenda política.
El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Pettovello y con la Secretaría de Educación a cargo de Carlos Torrendell, emitió un contundente comunicado en respuesta a las movilizaciones universitarias programadas para este miércoles. Estas protestas exigen mejoras salariales para docentes, aunque el gobierno argumenta que los reclamos tienen un trasfondo político más que educativo.
Según el comunicado oficial, "los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos", lo que sugiere que la marcha responde a intereses ajenos al bienestar del sistema educativo.
En su comunicado, el Ministerio ofreció datos sobre los salarios de los trabajadores universitarios para respaldar su postura. Según estas cifras, los docentes de dedicación exclusiva ganan alrededor de 1,4 millones de pesos al mes, mientras que los trabajadores no docentes con mayor antigüedad perciben cerca de un millón de pesos. Estas remuneraciones, afirman, superan ampliamente la Canasta Básica Total, que ronda los 300.000 pesos para un adulto equivalente.
El Gobierno argumentó que, con estos salarios, "no existe pobreza entre estos sectores". Este comentario contrasta fuertemente con el informe emitido recientemente por el Consejo Interuniversitario Nacional, el cual concluyó que el 85% de los trabajadores universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Además, dicho informe comparó los sueldos de los docentes universitarios argentinos con los de otros países de América Latina, dejando a Argentina en la última posición en términos de salarios para profesores titulares, muy por detrás de Brasil, donde estos perciben un promedio de 4200 dólares.
Desmentidos y auditorías universitarias
El comunicado del Ministerio también hizo referencia a los reclamos sobre la falta de auditorías en las universidades, en particular en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Capital Humano aseguró que las afirmaciones sobre auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN) son incorrectas, aclarando que solo existen tres informes aprobados en los últimos años, de los cuales solo uno está relacionado con la UBA. Este informe corresponde a una auditoría de la Facultad de Psicología en 2018. Así, el Gobierno rechazó que haya una mayor vigilancia sobre las universidades en comparación con otros sectores del Estado, desestimando las denuncias de irregularidades.
Además, el comunicado mencionó el porcentaje de estudiantes extranjeros, especialmente en carreras como medicina, donde el 21,8% de los alumnos provienen de otros países, principalmente Brasil. Según las autoridades, esta situación genera una carga adicional para el sistema educativo público, alimentando la discusión sobre el impacto económico de la educación gratuita para estudiantes internacionales.
Irregularidades académicas
Otro de los puntos destacados en la misiva fue la denuncia sobre la falta de regularidad en la matrícula universitaria. Según las cifras aportadas, solo el 40,6% de los estudiantes universitarios son considerados regulares, mientras que el 38,4% no tiene información clara sobre su actividad académica. Este dato sugiere, según el Ministerio, que existe un margen considerable de estudiantes que no cumplen con los requisitos mínimos para mantenerse activos en el sistema universitario.
El comunicado cerró reiterando que los recientes paros y marchas no responden a una verdadera necesidad de financiamiento educativo, sino a intereses políticos. En abril, tras una masiva protesta universitaria, las autoridades habían expresado opiniones similares, subrayando la politización de los reclamos salariales. Para el Ministerio de Capital Humano, la prioridad debe ser la educación, y las protestas, desde su perspectiva, solo desvían la atención de los verdaderos problemas del sistema educativo.
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