Escándalo por el casamiento en una zona protegida: cuál fue la particular excusa que dio la novia

Una fuerte polémica se desató en los últimos días por un casamiento que tuvo lugar en la Quebrada de las Conchas, en la localidad salteña de Cafayate, un área protegida por la ley provincial. La municipalidad denunció ante la Justicia para investigar una autorización falsa, la organizadora del evento defendió la realización y, después de una semana, la novia rompió el silencio.

El caso escaló luego de que se viralizaran algunas imágenes de la boda —cuyos protagonistas fueron Nicole Pocoví y Federico Maran— realizada en la Quebrada de las Conchas, sobre la ruta provincial 68, en el paraje La Punilla entre el 20 y el 23 de marzo.

Se trata de un área protegida por la Ley Provincial 6806 y su uso está sujeto a normativas específicas de preservación del patrimonio geológico, paleontológico y paisajístico. Además, todo lo que se haga allí debe contar con la autorización de los organismos correspondientes.

En las fotos difundidas en redes se puede ver el paisaje salteño y a los invitados sentados en distintas mesas, con los manteles, mantas y macetas haciendo juego con los colores naturales del lugar. A su vez, los novios contrataron luces especiales y un servicio de DJ que montaron en un costado de la pista de baile y donde sonó música electrónica sin parar.

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Casamiento en una zona protegida: qué dijeron las autoridades

El Ministerio de Producción y Minería, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, informó que el documento que mostraron los organizadores no fue emitido por la autoridad competente y que es falso.

El secretario, Alejandro Aldazábal, aseguró que su firma habría sido falsificada. “No autoricé nada, ese documento es falso”, sostuvo, según consignó el medio local Informate Salta.

En tanto el municipio de Cafayate había advertido que el uso de luces y sonido potentes en el paraje La Punilla afecta directamente el comportamiento de la fauna autóctona, mientras que la presencia de infraestructura y numerosas personas podría acelerar la erosión de las icónicas formaciones rocosas de la zona.

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Después de varios días de polémica, la novia rompió el silencio

En un intento de dejar atrás las repercusiones, este martes Nicole Pocovi, la novia, rompió el silencio este martes.

“Estoy intentando que pase todo esto. Realmente es agotador”, introdujo a La Nación, a más de una semana de los festejos, que se extendieron durante cuatro días en Cafayate. La polémica surgió porque el lugar del evento central —en el paraje La Punilla— es un área protegida y, según la municipalidad, los organizadores no contaban con la habilitación correspondiente y además presentaron una autorización con firma falsa.

“El permiso que otorga la Secretaría de Medio Ambiente es responsabilidad de la propietaria, quien aseguró haberlo tramitado y quien fue denunciada por presuntamente haber presentado documentación falsa”, marcó Pocovi en referencia a Lucía Grajales Soriano, la organizadora y propietaria.

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La mujer afirmó además que ni ella ni su esposo participaron en los trámites. “Somos clientes. De eso se encargan los propietarios”, señaló.

El particular argumento: "generó trabajo"

También defendió la realización del evento y aseguró que no hubo daño ambiental. “Se hizo en una propiedad privada, con supervisión de guardaparques de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes corroboraron que el predio quedó en las mismas condiciones”, indicó.

En este contexto, destacó el impacto económico del festejo. “Generó trabajo para unas 100 personas de manera directa, además de movimiento en hoteles y restaurantes”, agregó.

Además, negó que el casamiento se haya podido hacer en la reserva por una situación de “privilegio”, como por ser hija de Marcelo Pocovi, padre del hijo menor de Zulemita Menem.

“El lugar lo conseguimos mediante la organización (wedding planners) que encontró este espacio privado. Después de haber consultado con gente local de Cafayate, llegamos a ese lugar. Cualquiera lo podría haber alquilado”, cerró.

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La investigación judicial y el testimonio de la organización

La fiscal Sandra Rojas inició la investigación luego de detectar que el permiso para realizar la boda no había sido emitido por el organismo ambiental correspondiente. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal busca determinar si existió falsificación de instrumento público y si hubo maniobras ilegales para habilitar el evento.

La organizadora, Lucía Grajales Soriano, aseguró que la boda se realizó en una propiedad privada y que contó con más de 100 invitados.

“Era un evento en una propiedad privada dentro de una reserva, pero se respetaron todas las leyes”, dijo en diálogo con Radio Cafayate. “Había abogados y un juez de la Corte Suprema. Fueron 110 invitados”, aseguró, y expresó que ella y su familia son dueñas de una propiedad en la reserva desde 1965.