La estafaron, le vaciaron las cuentas y el banco tendrá que devolverle toda la plata

Una estafa virtual derivó en un fallo que marca un precedente en la Justicia civil. Una mujer logró que un banco sea condenado a devolver el dinero que le habían sustraído de sus cuentas, además de pagarle una sanción económica adicional y una indemnización por daño moral.

La decisión pone el foco en la responsabilidad de las entidades financieras y en los estándares de seguridad que deben garantizar en operaciones digitales.

El caso comenzó en septiembre de 2023, cuando una mujer que reside en la ciudad de La Plata detectó transferencias que no había autorizado desde sus cuentas en pesos y en dólares. El monto total superó los $440.000 y los 4.900 dólares.

A partir de ese momento, inició una denuncia penal y luego avanzó con una demanda civil para recuperar los fondos, invocando la protección prevista en la ley de defensa del consumidor.

El engaño y las transferencias no autorizadas

La secuencia se inició cuando la mujer - a pesar de varios intentos - no pudo ingresar a su homebanking. En ese contexto, buscó asistencia y días después recibió un llamado de una persona que se presentó como representante de una empresa vinculada a su tarjeta.

abuela estafa telefono estafa virtual jubilada

El interlocutor contaba con datos precisos sobre sus cuentas, lo que generó confianza. Según consta en la causa, le solicitó únicamente el usuario de acceso. La clienta no entregó claves ni códigos de seguridad, pero ese dato fue suficiente para habilitar el acceso indebido.

Poco tiempo después, advirtió movimientos irregulares. Se habían realizado transferencias hacia cuentas de terceros, incluyendo operaciones fuera de su jurisdicción habitual y envíos a plataformas digitales. Ese conjunto de maniobras configuró el vaciamiento de sus cuentas y evidenció una operatoria fraudulenta basada en suplantación de identidad.

El análisis judicial y el rol del banco

El banco rechazó la acusación y sostuvo que la clienta incurrió en un error al compartir sus datos. Argumentó que las operaciones se realizaron con credenciales válidas y que el sistema requiere múltiples verificaciones para concretar transferencias. Sin embargo, el juez adoptó otro criterio. Consideró que existe una relación de consumo, lo que implica una protección especial para el usuario.

En ese marco, sostuvo que el banco tiene un deber objetivo de seguridad sobre las operaciones que se realizan a través de sus plataformas digitales.

Las pericias técnicas resultaron decisivas. Los informes indicaron que no se activaron alertas frente a movimientos inusuales, como transferencias a cuentas externas o ubicaciones distintas a las habituales. Tampoco se detectaron mecanismos de bloqueo o validación adicional.

El fallo también señaló que otras entidades cuentan con sistemas que refuerzan la seguridad ante este tipo de operaciones. En este caso, esa protección no estuvo presente, lo que dejó expuesta a la clienta frente a un fraude evitable.

El banco deberá volverle todo el dinero que le robaron

La sentencia judicial que marca un precedente, ordenó a la entidad bancaria a la devolución total de los fondos sustraídos, pero además declaró nulas las transferencias realizadas.

Asimismo, la medida dispone la actualización de los montos según los índices correspondientes.

Estafa Virtual.

El juez fijó un daño punitivo equivalente a cinco canastas básicas, como sanción por el incumplimiento de las obligaciones del banco. También reconoció una indemnización por daño moral, al considerar la afectación que sufrió la clienta en su vida cotidiana.

El reclamo por daño psicológico fue rechazado, ya que no se acreditaron secuelas de ese tipo. De todos modos, la resolución reconoce el impacto emocional que generan estos episodios y la expectativa del usuario de operar en un entorno seguro.

Más allá del caso puntual, el fallo refuerza un criterio claro: los bancos deben implementar controles eficaces para prevenir fraudes. La ausencia de monitoreo, alertas o mecanismos de prevención no solo compromete la seguridad del usuario, sino que también genera responsabilidad legal.