La Iglesia católica ya no recibirá fondos del Estado

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) comunicó este martes que concluyó el "proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares" a los fondos previstos en la ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia católica dejarán de percibir los aportes del Estado nacional.

Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, "conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación", indicó la CEA en un comunicado.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en una resolución del 26 de abril de 2023, había habilitado que los arzobispos y obispos que "hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley", se detalló.

La ley 21.950 (del año 1979) establece que los "arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80 % de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos".

"El monto actual de la asignación es de 98.000 pesos", precisó la CEA sobre la suma que recibían los eclesiásticos.

Además, se recordó que la CEA en 2018 había anunciado su "decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales" y se consignó que en julio de 2020 "los obispos avanzaron en su idea de generar nuevos mecanismos para financiarse y presentaron el Programa de Financiamiento Eclesial (FE), destinado al desarrollo de la consecución de donantes y fondos para solventar las tareas pastorales en el país".

"Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres", se destacó.

Por otro lado, la Conferencia Episcopal deja en claro que el proceso de separación entre Iglesia y Estado sigue su rumbo y que la renuncia a la ley 21.950 nada tiene que ver con la coyuntura política actual, como deslizaron algunos medios y como circula en redes.

Para la Iglesia hay fractura social

La Comisión Episcopal de Pastoral Social advirtió hoy que en la Argentina hay "un escenario de fractura social" y sostuvo que "la auténtica libertad solo es posible con equidad, integración, con disminución de la profunda desigualdad social que nos atraviesa", marco en el que expresó su voluntad de "acompañar a los más pobres en esta situación de perplejidad".

Al mismo tiempo, la Pastoral Social de la Iglesia católica exhortó, a 40 años de la reinstauración de la democracia, a "renunciar a toda forma de autoritarismo y escucharnos con humildad y esperanza, cuidando la institucionalidad y la gobernabilidad".

"Dijimos este año que es necesario recuperar la pertenencia a la Patria para construir juntos una comunidad que defienda la vida y el interés de todos, no dejando a nadie afuera. Necesitamos una fraternidad que nos una por encima de las diferencias y que éstas no sean usadas para fragmentar, dividir, o enfrentarnos más, sino para encontrar caminos de comunión basados en el amor por el otro", alertó en un documento.