La Justicia avanza sobre Sur Finanzas en una causa que investiga maniobras financieras del fútbol argentino

La Justicia Federal llevó adelante este lunes una serie de procedimientos simultáneos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires como parte de una investigación por presunto lavado de activos. Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar en la sede central de Sur Finanzas, una firma que en ámbitos oficiales se relaciona con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y que quedó bajo la lupa en el expediente que sigue las maniobras económicas ligadas a la transferencia del exjugador de Banfield, Agustín Urzi.

La actuación judicial fue ordenada por el juez federal Luis Armella, quien dispuso un total de 19 allanamientos. Entre los lugares inspeccionados estuvieron tanto el club Banfield, que compite en la Primera División del fútbol argentino, como oficinas administrativas y domicilios vinculados a personas y sociedades mencionadas en la causa. El procedimiento en Sur Finanzas se concretó en su sede de Adrogué, ubicada sobre la calle Seguí, donde se requisó documentación y soportes digitales.

El expediente cobró impulso luego de que la Dirección General de Impuestos (DGI) presentara una denuncia con indicios de maniobras compatibles con lavado y evasión tributaria. Según la información aportada por el organismo fiscal, los movimientos financieros investigados habrían sido canalizados a través de un fideicomiso creado para justificar fondos provenientes de operaciones del mismo tenor que la transferencia de Urzi al exterior.

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De manera paralela, la Justicia analiza si Sur Finanzas incumplió obligaciones ligadas al Impuesto sobre los Créditos y Débitos bancarios durante períodos recientes. La sospecha es que la firma habría operado con cuentas a nombre de terceros —empresas, monotributistas o personas sin respaldo económico suficiente— sin aplicar ni declarar el gravamen correspondiente, conducta que enmarcaría un posible esquema de evasión.

En otra línea de la investigación, el juez Armella profundiza sobre una maniobra atribuida a Oscar Tucker y Federico José Spinosa, dirigentes de Banfield. Ambos habrían incorporado al patrimonio del club un préstamo de €2.000.000 otorgado por la firma Auriga League S.A., dinero que nunca fue devuelto. Ese compromiso financiero se habría reformulado para que el reembolso quedara atado al 30% del valor neto de la venta de Urzi al club Juárez de México.

La renegociación incluyó un acuerdo firmado el 31 de enero de 2024, en el que se habría confirmado tanto la vigencia del préstamo inicial como la participación de Auriga League en futuras transferencias del futbolista. También se habría establecido una garantía extra de €1.000.000, aun si finalmente la operación de pase no se concretaba. La documentación relacionada con estos compromisos fue incorporada al expediente como parte de la hipótesis de un circuito utilizado para lavar fondos.

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Entre los materiales aportados por la DGI figura, además, un extenso listado de transferencias calificadas como sospechosas y operadas a través de la plataforma Sur Finanzas PSP. Se trataría de movimientos vinculados a unas 250 sociedades, cuyo análisis será determinante para delimitar el alcance real de las presuntas maniobras de evasión y las responsabilidades de cada involucrado.

Por estas horas, los investigadores no descartan que la causa derive en nuevas medidas judiciales. Con los datos incautados en los allanamientos y el análisis de los reportes bancarios, esperan avanzar en la reconstrucción completa de los circuitos financieros que rodearon la transferencia de Urzi y el rol que pudo haber tenido Sur Finanzas en el presunto esquema de lavado.