El juez Ariel Lijo ordenó al ENACOM el bloqueo digital inmediato de una definición de la Real Academia Española. De cuál se trata.
El reciente fallo del juez Ariel Lijo provocó un debate amplio, al ordenar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que realice el bloqueo digital inmediato de la acepción presuntamente discriminatoria de la palabra "judío". Este dictamen surge a raíz de una denuncia penal presentada por la Fundación Congreso Judío Mundial y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).
La palabra "judío" o "judía" figura en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) con varias acepciones. Entre ellas, la última se refiere a una persona como "avariciosa o usurera", lo que ha suscitado un amplio rechazo social. Aunque la RAE aclara que dicha definición tiene una connotación "ofensiva o discriminatoria", muchos consideran que esta aclaración no es suficiente para mitigar el impacto negativo que puede tener en la percepción pública de la comunidad judía. En este contexto, Lijo sostiene que esta acepción contribuye a un discurso de odio, al atribuir características peyorativas a un colectivo específico por su identidad.
El juez destaca que el discurso no solo tiene efectos abstractos, sino que produce repercusiones concretas sobre un número considerable de personas. Al encontrarse incluida en un recurso tan ampliamente utilizado como el diccionario, la definición se convierte en un referente que puede perpetuar estigmas y discriminaciones en la sociedad. La decisión de bloquear esta acepción busca, en última instancia, proteger a un grupo que ha sufrido históricamente por este tipo de ataques verbales.
La reacción de la RAE
Ante la presión social y legal, el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, se pronunció anteriormente sobre el tema, declinando el pedido de eliminación de la definición. Su argumento radica en que la acepción en cuestión está "avalada por el uso", aunque reconoce que su aceptación social es cuestionable. Esta postura ha sido criticada por quienes consideran que un diccionario debe adaptarse a los valores y sensibilidades de la sociedad contemporánea, especialmente en lo que respecta a términos que pueden incitar al odio o a la discriminación.
El hecho de que una institución de tanta relevancia como la RAE mantenga una definición que puede resultar ofensiva para un grupo determinado pone de relieve la necesidad de una revisión más exhaustiva de su contenido. La resistencia a modificar dicha acepción refleja una falta de sensibilidad hacia las implicancias que las palabras tienen en la vida real.
Implicaciones de la decisión judicial
La resolución del juez Lijo representa un avance en la lucha contra la discriminación y el discurso de odio en Argentina. Al establecer un precedente legal, se envía un mensaje claro sobre la responsabilidad de las instituciones en la promoción de un lenguaje inclusivo y respetuoso. Además, esta acción resalta la importancia de abordar temas sensibles con la seriedad que merecen, ya que el lenguaje tiene el poder de construir o destruir percepciones.
No obstante, este tipo de decisiones también puede abrir un debate sobre los límites de la libertad de expresión. Algunas voces críticas argumentan que el bloqueo de una definición podría interpretarse como una censura, lo que podría llevar a una resistencia más amplia por parte de instituciones que consideran que la evolución del lenguaje debe ser orgánica. Sin embargo, muchos defienden que el objetivo principal debe ser la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas, priorizando la erradicación del odio en todas sus formas.
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