La Justicia detectó una localidad con más votantes que habitantes en el norte argentino

La pequeña localidad salteña de Aguas Blancas quedó bajo la atenta mirada de la Justicia luego de que se detectara una marcada diferencia entre la cantidad de habitantes reales y los votantes inscriptos en el padrón. Las hipótesis apuntan a que se trataría de ciudadanos bolivianos que habrían solicitado el DNI argentino para acceder a beneficios.

En ese marco, la Justicia federal de Salta ordenó la exclusión inmediata del padrón electoral de 2.150 personas, sospechadas de ser ciudadanos extranjeros que habrían gestionado documentación argentina para acceder a beneficios sociales. La maniobra generó una situación insólita en la ciudad fronteriza, donde la cantidad de electores llegó a superar a la de habitantes, un escenario que encendió alertas de las autoridades.

La medida fue dispuesta por el juez federal Julio Bavio, quien estableció que las personas dadas de baja del padrón solo podrán solicitar su reincorporación si acreditan fehacientemente su domicilio real en la provincia de Salta. Esa información deberá ser posteriormente constatada por las fuerzas de seguridad o por Gendarmería Nacional.

El magistrado también dispuso dar aviso a distintos organismos estatales para que adopten medidas preventivas ante posibles irregularidades o delitos. Entre ellos: la ANSES, ARCA, la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia Nacional de Discapacidad, la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías, así como el interventor actualmente a cargo del municipio de Aguas Blancas.

Los indicios que levantaron sospechas

La resolución del juez se basó en un relevamiento que expuso más de dos mil inscripciones irregulares en Aguas Blancas. Según los datos oficiales, la localidad contabilizó 3.648 habitantes en el censo de 2002, pero llegó a registrar 5.736 personas habilitadas para votar en abril de 2025, una diferencia que implica un 57,2% más de electores que residentes.

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Además, se detectó que 729 personas declararon como domicilio la calle 25 de Mayo en Aguas Blancas sin consignar el número de vivienda, mientras que otras 700 hicieron lo mismo con la calle 9 de Julio, también sin precisar una dirección concreta.

Al respecto, la Fiscalía ordenó el relevamiento de las viviendas ubicadas en ambas calles de Aguas Blancas, “tratándose de galpones de depósito, espacios verdes, hoteles, locales comerciales y terrenos baldíos, como así también se verificaron viviendas con numeración visible y/o con medidor de servicios”.

En otras arterias se detectaron situaciones similares. Un caso es el de la calle 20 de Febrero, que tiene una extensión de apenas 619 metros, pero en la que figuraban 793 votantes registrados, pese a que los relevamientos no encontraron inmuebles suficientes para justificar esa cantidad de inscriptos.

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En este contexto, Bavio ordenó sostener la medida cautelar vigente desde junio, cuando dispuso la suspensión provisoria de la carga, el procesamiento y la incorporación de novedades registrales —como altas y bajas— en el padrón electoral de Aguas Blancas y de otras dos localidades salteñas fronterizas con Bolivia: Los Toldos y Salvador Mazza. La restricción se mantendrá hasta que se logre verificar el domicilio real de las personas bajo sospecha.

La principal hipótesis que maneja la Justicia

Los investigados presumen que los votantes ahora excluidos del padrón son, en realidad, ciudadanos bolivianos que viven en su país, pero solicitaron el documento nacional de identidad argentino (DNI) para acceder a planes sociales y beneficios previsionales, pero terminaron quedando empadronados.

“Un aspecto crucial [...] es el peligro real de que esas deficiencias detectadas puedan ser funcionales a la inmigración transfronteriza de extranjeros al consignarse domicilios falsos en el documento de identidad de nuestro país, lo que, a su vez, puede constituir el instrumento que les permita obtener beneficios indebidos de diversa índole, al simular el cumplimiento de recaudos sustentados en la mentira, con una descomunal afectación a la fe pública”, sostuvo el juez.

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A partir de estos hallazgos, el fiscal federal Ricardo Toranzos pidió la detención de los sospechosos que se presenten a votar en las elecciones nacionales de octubre, con el objetivo de verificar su situación electoral y su domicilio real ante la posible comisión del delito de falsedad ideológica de documento público.

Por último, Bavio cuestionó la falta de colaboración del país vecino y advirtió sobre el avance del crimen organizado en la zona fronteriza. En ese marco, alertó que la manipulación de padrones en localidades pequeñas puede incidir en los resultados electorales y facilitar la infiltración de organizaciones narco en los gobiernos municipales.