El conflicto se originó cuando una mujer organizó un viaje junto a su pareja, pero no pudo llegar a tiempo. Llevó el caso a la Justicia y deberán indemnizarla.
Vuelo perdido y una condena que pone el foco en la responsabilidad del transporte terrestre.
Una mujer que perdió un vuelo internacional obtuvo un fallo judicial favorable en Mar del Plata. La Justicia consideró que la empresa incumplió su deber de previsión y de información. Ahora le deberán pagar una indemnización millonaria.
La sentencia fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 4 de Mar del Plata y ordenó el pago de una suma superior a los 34 millones de pesos, entre daños materiales, daño moral, intereses y costas del proceso.
El pronunciamiento rechazó la defensa de fuerza mayor planteada por la empresa, puso el foco en la relación de consumo y en la responsabilidad profesional del prestador del servicio.
Un viaje planificado que terminó en frustración
El conflicto se originó en diciembre de 2018, cuando una mujer organizó un viaje a España junto a su pareja para celebrar el cumpleaños de su hija, residente en Málaga. Con los pasajes aéreos ya adquiridos, contrató un servicio privado de traslado desde Mar del Plata hasta el aeropuerto internacional de Ezeiza. La elección no fue casual: la empresa se presentaba como especializada en servicios “pre y post” vuelo y prometía puntualidad para conexiones internacionales.
La salida se programó para la tarde del 1 de diciembre, con una llegada estimada a Ezeiza cerca de las 21.15 horas. El vuelo hacia Europa partía a las 00.05 del día siguiente, un margen que, en condiciones normales, resultaba suficiente. Sin embargo, el trayecto se vio afectado por desvíos y congestiones vinculadas al operativo de seguridad de la Cumbre del G20 en la ciudad de Buenos Aires. A eso se sumó una parada no prevista en ruta para cargar agua caliente.
Durante el viaje, la pasajera advirtió demoras relevantes y alertó a los choferes sobre el riesgo de perder el vuelo. Según relató, recibió respuestas tranquilizadoras y la promesa de que el micro llegaría a tiempo. Esa expectativa no se cumplió. El arribo al aeropuerto ocurrió cuando el embarque ya estaba cerrado. El objetivo central del servicio quedó frustrado.
Sin personal de la aerolínea disponible en ese momento, la mujer pasó la noche en la terminal, sin alojamiento, y al día siguiente regresó a Mar del Plata. El viaje familiar nunca se concretó.
El reclamo y la postura de la empresa
Tras el episodio, la pasajera intentó recuperar los importes abonados y los gastos derivados del viaje fallido. La empresa de transporte rechazó el reclamo y atribuyó lo ocurrido a los cortes de tránsito dispuestos por las autoridades en el marco del G20. Sostuvo que se trató de un hecho de fuerza mayor, imprevisible e inevitable, y negó cualquier responsabilidad propia.
La controversia derivó primero en instancias administrativas ante Defensa del Consumidor. Ante la falta de acuerdo, la mujer inició una demanda judicial. En el proceso, la transportista insistió en que cumplió con su obligación de traslado y que los retrasos respondieron a factores externos ajenos a su control.
La Justicia analizó el caso desde la óptica del derecho del consumidor. En ese marco, evaluó no solo el traslado en sí mismo, sino el contexto del contrato. La puntualidad formaba parte esencial del servicio ofrecido. El boleto terrestre funcionaba como una conexión directa con un vuelo internacional, y esa característica era utilizada por la empresa como valor diferencial frente a otros prestadores.
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