Posibles cambios en la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner: residencia, visitas y tobillera

Este lunes a las 12 del mediodía, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, analizará tres aspectos centrales de la detención de Cristina Fernández de Kirchner: el uso de la tobillera electrónica, las restricciones de visitas y la posibilidad de cambiar el domicilio de cumplimiento.

En simultáneo, un equipo de psicólogos y asistentes sociales entrevistará a la exmandataria en su departamento de San José 1111, Constitución, para evaluar cómo se adapta al arresto domiciliario y si las condiciones requieren que continúe con la utilización de la tobillera le provoca molestias cutáneas y si efectivamente es necesario su uso.

El informe técnico será elevado tanto al tribunal de ejecución (TOF2) como a Casación, que deberá decidir si mantiene o modifica el dispositivo electrónico de control, según estipula el artículo 33 de la Ley de Ejecución Penal.

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Posturas

El fiscal Mario Villar, representante del Ministerio Público en Casación, respaldará la continuación del arresto domiciliario en el domicilio actual, descartando el traslado de Kirchner a una cárcel común.

En cambio, los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola habían planteado su oposición al régimen domiciliario por considerar que “la pena debe cumplirse en un establecimiento penitenciario” y por “falencias de seguridad” en el edificio de Constitución. A su vez, solicitaron que, de mantenerse el régimen, se proponga otro domicilio, como El Calafate o Río Gallegos, para preservar “la paz social” en su entorno.

Desde la defensa, los abogados Beraldi y Llernovoy solicitarán que se levanten las restricciones a las visitas, considerando el actual sistema como un “castigo adicional”, y pedirán que se retire la tobillera, dado que Kirchner no representa riesgo procesal ni ha exhibido intención de fuga.

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Plazo de resolución

La elección del domicilio en prisión domiciliaria está a cargo del condenado, aunque el tribunal puede objetarlo o sugerir alternativas. Casación tiene un plazo formal de cinco días hábiles tras la audiencia para resolver, pero fuentes judiciales esperan una definición anticipada.

Entretanto, el mecanismo de visitas se puso en el centro del debate luego de generarse más de mil solicitudes de ingreso a través de un correo masivo promovido por la defensa. En cárceles comunes estas autorizaciones no requieren intermediarios judiciales.