Las grabaciones describían un supuesto sistema de retornos en las compras de medicamentos y mencionaban pagos destinados a Karina Milei.
El peritaje sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo encontró cortes, indicios de regrabación y problemas en la preservación de los archivos que impidieron confirmar su autenticidad. Los estudios de Gendarmería Nacional tampoco pudieron atribuir técnicamente las voces a las personas investigadas por las presuntas coimas en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).
Las grabaciones difundidas en agosto de 2025 describían un supuesto sistema de retornos en las compras de medicamentos y mencionaban pagos destinados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Su contenido abrió una disputa sobre el origen de los registros y la forma en que llegaron al expediente. La funcionaria no está imputada en la causa.
La fiscalía a cargo de Franco Picardi afirma que la investigación cuenta con pruebas independientes de esas conversaciones, obtenidas de allanamientos, teléfonos y documentación de contrataciones. Por eso, la discusión sobre los audios se desarrolla junto con el análisis de otras evidencias sobre el manejo del organismo.
Los cortes y el problema con la custodia
El estudio de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses registró discontinuidades e inconsistencias acústicas incompatibles con una grabación continua. Algunos archivos presentaban características de una regrabación, y la cadena de custodia estaba interrumpida antes de la intervención de los peritos.
En este tipo de estudios, el análisis de integridad busca detectar modificaciones en el registro; la identificación de voces requiere compararlo con muestras de referencia y verificar que el material reúna condiciones técnicas suficientes para ese cotejo.
Los expertos no pudieron descartar alteraciones mediante inteligencia artificial, aunque eso no acredita que se utilizara esa herramienta. El resultado expresa una imposibilidad de autenticar las piezas, sin demostrar que las conversaciones fueran inventadas.
Los planteos de Spagnuolo y la decisión de la Cámara
El trabajo comenzó el 26 de agosto, con 58 archivos aportados por el periodista Mauro Federico. Los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera cuestionaron después la incorporación de ese material: denunciaron que el pendrive se recibió sin un inventario de su contenido ni los resguardos necesarios.
Spagnuolo se negó a entregar una muestra de voz, al considerar que podía vulnerar su derecho a no declarar contra sí mismo. Ante esa negativa, Picardi propuso usar entrevistas del exfuncionario como material de comparación.
En septiembre, los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico rechazaron el pedido de nulidad y avalaron la continuidad de la pericia. Aclararon que la citación le daba la oportunidad de colaborar, sin obligarlo a aportar su voz.
La causa por las compras de medicamentos sigue abierta
El expediente sigue bajo la intervención del juez Ariel Lijo y acumula resoluciones que exceden la controversia por las grabaciones. El 16 de octubre, el magistrado amplió el procesamiento de Spagnuolo y otros cuatro imputados, además de procesar a otras 19 personas.
Ese tramo aborda presuntas irregularidades en la compra de insumos traumatológicos, cardiológicos y otros productos destinados al programa Incluir Salud. La hipótesis judicial apunta a acuerdos entre funcionarios y proveedores para orientar las adjudicaciones y distribuir ganancias ilegales.
La resolución elevó a $47.000 millones los embargos de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini y Miguel Calvete. Las compras investigadas debían atender necesidades sanitarias de beneficiarios con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad; el juez deberá valorar el nuevo informe junto con el resto de las pruebas reunidas.
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