Vendía ropa trucha de reconocidas marcas y lo condenaron a pagar una suma millonaria al Garrahan

La Justicia Federal cerró un proceso penal por presunta infracción a la Ley de Marcas mediante un acuerdo de reparación integral que incluyó una compensación económica millonaria y la donación de mercadería incautada. El expediente involucró a un comerciante que operaba cuatro locales en el barrio porteño de Once, donde se ofrecían prendas de marcas reconocidas que resultaron ser falsificadas.

La resolución judicial puso fin a la causa sin llegar a juicio oral, bajo un mecanismo previsto en el Código Penal que prioriza la reparación del daño por sobre la sanción penal tradicional.

El acuerdo, homologado por el juez Sebastián Casanello, contempló el pago de $6,7 millones en tres cuotas, con actualización por inflación, y el destino del dinero a la Fundación Garrahan, además de la donación de más de mil prendas a una entidad de bien público. La fiscalía entendió que ese esquema reflejaba de mejor manera la gravedad de los hechos y la situación económica del imputado.

Cómo comenzó la investigación que terminó con un particular fallo

La causa se inició en mayo de 2023, a partir de una intervención de la Brigada Operativa de la Policía Federal en la esquina de Corrientes y Azcuénaga. Allí, los agentes observaron a un hombre descargando bolsas desde un utilitario Renault Kangoo hacia uno de los locales de una cadena de indumentaria.

Al ser identificado, constataron que transportaba 191 sweaters con la inscripción de una marca reconocida, acompañados por un remito emitido por una firma que no coincidía con la denominación del producto.

Hospital Garrahan

Ese primer hallazgo derivó en una investigación más amplia. La Justicia federal ordenó tareas que permitieron establecer que el comerciante controlaba cuatro sucursales en el barrio de Once. En todos esos locales se vendían prendas y mochilas con logos de marcas de alta gama, lo que motivó una serie de allanamientos simultáneos.

Durante los operativos, las fuerzas de seguridad secuestraron 753 prendas de vestir y 250 morrales con el logo de una marca deportiva de alcance internacional. Un peritaje posterior confirmó que toda la mercadería era apócrifa. El volumen de lo incautado y la modalidad de comercialización configuraron el núcleo de la imputación por infracción a la Ley de Marcas.

El debate por el monto de la reparación

Antes de prestar declaración indagatoria, el dueño de los locales realizó un ofrecimiento de reparación integral. La propuesta inicial ascendía a $2 millones, pero la fiscalía consideró que esa suma resultaba insuficiente. El fiscal Ramiro González evaluó los ingresos mensuales del acusado, su patrimonio, las propiedades registradas y la tenencia de vehículos de alta gama, y concluyó que el monto no guardaba relación con sus reales posibilidades económicas.

En su dictamen, el representante del Ministerio Público sostuvo que, incluso tomando los precios más bajos de venta de la mercadería —con valores que iban desde $6.000 hasta $100.000 por prenda—, la suma ofrecida quedaba muy por debajo del valor total de lo secuestrado. Esa observación llevó a rechazar la primera propuesta y a convocar una audiencia para revisar las condiciones del acuerdo.

Durante ese encuentro, el imputado mejoró su oferta y propuso $6 millones en tres cuotas. La fiscalía avaló el nuevo esquema al considerar que reflejaba de forma más adecuada la entidad del perjuicio y la capacidad económica del comerciante al vender marcas truchas. También exigió que las cuotas se actualizaran por inflación y que el dinero tuviera un destino social concreto.