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Piden excluir de las viviendas sociales a quienes estén en el registro de violencia de género

La iniciativa busca proteger a las mujeres y niños que fueron víctimas de agresiones para que no tengan que irse de su hogar.

Los numerosos casos de violencia de género derivaron en un particular debate en el Concejo Deliberante de Chos Malal, en torno a la tenencia de la tierra y los loteos sociales que impulsa el municipio.

Desde hace unos diez meses la Comisión de Planificación evalúa un proyecto presentado por la edil del Frente de Todos Aída Alarcón, quien propuso quitarle la titularidad de la viviendas a los hombres que figuren en el Registro de Violencia Familiar y de género de la Provincia de Neuquén.

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"La idea es incluir un artículo a una ordenanza que ya tenemos en Chos Malal que plantea las causales de caducidad. Estas tienen que ver con quienes no han cumplido plazos en la construcción, quienes han vendido o han cedido el terreno, o que no han avanzado en las cláusulas que se les pone cuando se les otorga el lote. Pero nada dice de este tipo de situación", explicó la concejala, al ser entrevistada en una radio de la región.

En ese sentido, señaló que la medida está destinada a quienes accedieron al derecho mediante un permiso de uso y ocupación con su grupo familiar, "pero que en el transcurso del tiempo han atravesado situaciones de violencia de género". "En estas situación extremas quienes terminan saliendo del hogar es la mujer y las niñeces No siempre la normativa está a la altura de las circunstancias para resolver situaciones de ese tipo", advirtió.

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"Ese permiso que adquirieron está a nombre de ambos: de quien ejerció violencia y de la denunciante", contextualizó para luego indicar que con la modificación de la ordenanza, el agresor tendría que abandonar y dejar de tener la posesión de la vivienda y no las víctimas de sus actos, como suele suceder habitualmente.

"En esos casos no tenemos una forma más que la renuncia del violento para que el derecho quede efectivamente para las mujeres y las niñeces, que siempre quedan a cargo de ellas", subrayó. "Suele pasar que cuando las mujeres plantean la situación en el municipio, les dicen que le pidan a la ex pareja que renuncie al derecho. Entonces se da una situación revictimizante. Alguien que sufrió violencia psicológica y física, no puede atravesar una situación de volver a tomar contacto y más para hacer este tipo de pedidos", sostuvo.

Alarcón aclaró que no todos los hombres denunciados figuran en Registro de Violencia Familiar y de género de la Provincia de Neuquén, por lo que la medida alcanzaría a "quienes tienen condena firme o que han incumplido medidas cautelares y los tratamientos psicológicos que se establecen desde el juzgado de familia".

"La idea es no dejarlos imposibilitados de por vida, sino resolver una situación particular. En tal caso, cuando pierden los derechos y cumplieron en cierto punto la condena, puedan volver a la lista de solicitantes", agregó.

Por otro lado, dijo que "el proyecto prevé que el mecanismo no será automático, sino que se realizará a pedido de una de las partes, a través de la presentación de una nota". No obstante, aclaró que las verificaciones de certificación deben hacerse desde el Estado municipal. "No le podemos pedir a la personas que se encarguen de eso", remarcó.

"Estoy a la espera de que los bloques puedan expresar si hay acuerdo para avanzar en sesión y siga su proceso de sanción y promulgación. Esto también es parte de darle sentido a este registro que se creó a nivel provincial. Si no le damos uso y no lo vamos tomando como herramienta, no tiene sentido", argumentó.

"Es necesarios que las normativas estén atravesadas por la perspectiva de género y que podamos dar un marco para que funcionen a favor de los derechos de las mujeres y de las niñeces", recalcó, al tiempo que destacó que la iniciativa "marcaría un precedente para que otros municipios lo puedan tomar".

Dificultades en el acceso a la justicia

En otro tramo de la nota, Alarcón manifestó su preocupación respecto a la dificultades que tienen que atravesar las víctimas de violencia a la hora de hacer las denuncias. "Si bien contamos una Dirección de Mujeres, un centro de atención a las víctimas, una comisaría de mujeres, lo cierto es que las víctimas buscan el acompañamiento de las colectivas feministas para acceder a la justicia porque seguimos teniendo problemas en cuanto al trato. En las oficinas deambulan de un lado para el otro, no les explican dónde tienen que denunciar. Hay cierta burocracia en cuanto a la situación que les impiden estar acompañadas", planteó.

"Son cuestiones que siguen ahí, pendiente. Seguimos luchando para que, tanto el Poder Judicial como las oficinas de primer acceso, están capacitadas y formadas con perspectiva de género, para que no sean revictimizantes, para que tomen las denuncias y nos las manden a hablar para recomponer la situación con los violentos. Eso ocurre acá en la región", concluyó.

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