Piden indagar a ex militares por un edificio apropiado

PABLO MONTANARO

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NEUQUÉN

La apropiación ilegal del edificio Torre Periodistas, ubicado en Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos, por parte de las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar sumó en estos días un nuevo capítulo. El fiscal Miguel Palazzani, a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Neuquén, solicitó que cinco ex militares sean indagados por su presunta participación en la apropiación ilegal de los fondos aportados por 21 socios de la Cooperativa de Viviendas de Periodistas, que estaban destinados a la compra de departamentos del edificio.

El pedido del representante del Ministerio Público Fiscal alcanza a los integrantes del Destacamento de Inteligencia 182 Jorge Molina Ezcurra, Adolfo San Martín y Jorge Di Pasquale, y de sus jefes en el Comando de la VI Brigada Oscar Lorenzo Reinhold, que estaba a cargo de la División Inteligencia de la Brigada de Infantería de Montaña VI, y de Personal Luis Alberto Farías Barrera.

Describió que el 24 de marzo de 1976, vehículos militares ocupados por integrantes del Ejército irrumpieron en la Torre Periodistas I, secuestrando documentación, y desplazaron a las autoridades de la cooperativa e impusieron como interventor al ex miembro del Ejército Ulises Baca Cau, trasladando su sede al Comando.

Agregó que a partir de esa intervención “se procedió a eliminar de la lista a los futuros adjudicatarios de viviendas” del edificio, que se encontraba en construcción desde 1972. “Al menos 21 socios de la cooperativa habrían pagado las cuotas para la compra de los departamentos, dinero del que el Ejército se habría apropiado, frustrando así el acceso a una vivienda”, señaló.

Palazzani sostuvo que la conducta criminal se materializó a través de la participación del entonces Banco Hipotecario Nacional, intervenido por autoridades militares, que en septiembre de 1978 procedió a vender o simular la venta de al menos 21 departamentos, de los que el Ejército se quedó con 15 unidades, Gendarmería con cuatro y la Policía Federal con dos.

Según Palazzani, la actividad de inteligencia militar fue “prioritaria” para concretar los hechos que se investigan. Sobre todo para identificar a los integrantes de la cooperativa que “luego habrían sido eliminados del listado de futuros adjudicatarios para facilitar la venta o su simulación”.

El representante del Ministerio Fiscal sostuvo que los departamentos fueron adquiridos por el Ejército, Gendarmería y Policía Federal, en un contexto de “persecución política e ideológica a periodistas y medios de prensa de la región”.