Piden que el Estado responda por daños a bienes y personas

Un proyecto de ley establece responsabilidades por acción u omisión. Surge después del accidente en un CPEM.

Diputados provinciales del PRO presentaron un proyecto de ley que fija las responsabilidades al Estado neuquino por los daños que pueda generar su acción o inacción en lo que respecta a derechos y bienes de personas. La iniciativa, que extiende las responsabilidades a todas las áreas que integran la administración de gobierno y entidades descentralizadas, se da en el marco de lo que ocurrió en el CPEM 46 la semana pasada, cuando un camión volcó al costado de la escuela secundaria y pudo haber provocado una tragedia.

El proyecto, firmado por los diputados Carolina Rambeaud y Damián Canuto, consta de 20 artículos, invita a los municipios a adherir al marco normativo y dispone que el Estado deberá responder "por daños causados a alumnos que se encuentren bajo el control de autoridades escolares; daños que pueda provocar un vehículo cuya titularidad sea de la provincia". También "daños derivados por actividades estatales riesgosas; por mala praxis en prestaciones de salud llevadas a cabo en establecimientos públicos; daños a empleados públicos producidos por accidentes laborales, entre otras causas".

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A la vez, determina que el Estado quedará eximido de su responsabilidad cuando el daño lo produzca un tercero por el que el Estado no responda o se encuentre vinculado a factores fortuitos o de fuerza mayor ajena a la voluntad del mismo. También indica que la reparación de los daños deberá ser plena tanto para personas físicas como jurídicas.

También para funcionarios

La normativa propuesta dispone que funcionarios y empleados públicos también podrán ser plausibles de ser englobados por sus alcances cuando sean responsables de los daños ocasionados tanto por su actividad o por la falta de la misma. En estos casos, el damnificado no deberá demandar al Estado o al agente de manera conjunta, ni este tipo de responsabilidad deja exento al agente o funcionario de sanciones disciplinarias que fije la administración central.

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