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Polémica por el sueldo de los obispos

El Estado gasta 130 millones de pesos anuales para mantener la estructura de la Iglesia. Hace dos años, Elisa Carrió manifestó la necesidad de separar a la Iglesia del Estado.

Capital federal. Una pregunta sorprendió al jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante su extensa exposición del jueves en la Cámara de Diputados. “¿Cuánto corresponde a remuneraciones de funcionarios eclesiásticos?”, planteó la diputada radical Carla Carrizo, compañera de Martín Lousteau en el bloque Evolución. La respuesta fue una cifra millonaria: el Estado gasta 130.421.300 pesos en los sueldos de los obispos de la Iglesia católica.

A esta cifra hay que sumarle el presupuesto que destina -por ejemplo- en subsidios a las escuelas católicas y todas las acciones que realiza el Gobierno para instrumentar lo que dispone el artículo 2 de la Constitución Nacional: el sostenimiento del culto católico apostólico romano, pese a que la Argentina es un país laico.

Aunque todavía no hay una postura oficial desde Casa Rosada, hace dos años Elisa Carrió ya manifestaba sus críticas sobre el peso de la Iglesia católica. “Me parece muy bien la separación entre Iglesia y Estado; yo, que soy creyente, si fuese presidente derogaría la ley que les da sueldos de secretarios de Estado a los obispos porque creo que esas relaciones no son buenas para los creyentes”, dijo en su momento. El diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky señaló que “en una Argentina con tanta desigualdad podría usarse para ayudar a gente que realmente lo necesita”.

El Frente de Izquierda presentó un proyecto para que se deroguen las normas que garantizan el financiamiento de la Iglesia católica. Al respecto, el diputado Nicolás del Caño, quien ayer presentó la iniciativa junto a su compañera Nathalia González Seligra, señaló: “La mayoría de estas leyes vienen de decretos que impuso la dictadura cívico-militar y todavía están vigentes, gobierno tras gobierno”. Y amplió: “Estas normas garantizan no sólo el pago de las dietas, sino también de subsidios, pasajes, jubilaciones y otros aportes directos de los que no habló Marcos Peña”.

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