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La Mañana Sergio Ávalos

Caso Sergio Ávalos: está todo listo para arrancar con las imputaciones

Nardanone, Sesnich y todo el personal de seguridad de Las Palmas ya designaron defensores confirmó LMN. ¿Qué harán los abogados? ¿Pueden quedar detenidos?

A principios de enero, LMN dio a conocer en exclusiva, que el juez Federal Gustavo Villanueva había resuelto imputar por la desaparición forzada del estudiante Sergio Ávalos, ocurrida el 14 de junio de 2003 en Las Palmas, al dueño del local, Pedro Nardanone; el encargado, Patricio Sesnich; y todo el personal de seguridad del sórdido boliche.

La resolución es un hecho histórico porque es la primera vez en 20 años que los sospechosos superaran ese umbral y podrían llegar a ser juzgados por un delito de lesa humanidad que es de ejecución continua y cuya pena es la prisión perpetua.

En ese marco fue que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se encargó de concretar las notificaciones y cada uno de los 20 imputados ya designó abogado defensor.

En muchos casos designaron defensor oficial, pero los más complicados optaron por recurrir al servicio de abogados privados que cotizan en dólares.

Esa fue la estrategia de Pedro Nardanone que designó a un estudio jurídico muy importante de Neuquén. En tanto, Sesnich recurrió a los servicios de un juez neuquino jubilado que nunca litigó en el fuero federal, pero que le sobra experiencia como para hacerlo.

Pese al impacto social del tema y que Ávalos es una de las causas más importantes para la Justicia Federal, toda persona imputada tiene derecho a una defensa justa y que se sostenga el principio constitucional de inocencia, aunque a esta altura de la historia resulte insostenible.

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El juego dilatorio

Está previsto que el 21 de febrero comiencen las indagatorias que se extenderán hasta el 15 de marzo. En ese escenario, el juez Villanueva notificarán los cargos que se le atribuyen a cada uno de los imputados, pero puede que esta instancia se extienda en el tiempo porque es de esperar que los abogados defensores usen todas las herramientas legales existentes para dilatar el proceso.

Para que se entienda, en las causas de derechos humanos, pese a que se sabe que son delitos que no prescriben, los abogados hacen distintas presentaciones con el fin de extender los plazos el mayor tiempo posible.

Lo más común que se ha visto en las causas de delitos de lesa humanidad en la región son presentaciones con pedidos, insubsistencia de la acción, autos de prescripción y cuestionamientos de plazos razonable.

Ante esto, la respuesta recurrente de la justicia federal ha sido rebotar las presentaciones. Pero en el juego dilatorio los defensores hacen incursiones a la Cámara y de ser necesario a Casación.

Una vez resuelto el pleito burocrático y establecido que está todo en el marco de lo legal, se continua con el devenir de las imputaciones.

No obstante, no todos los imputados realizan este tipo de maniobras. Hay otros que pretenden acceder al expediente antes de la imputación, pero solo pueden hacerlo una vez concretada la imputación y solo pueden observar lo general de la investigación, nunca pueden acceder a documentación que brinda información o pistas sobre la identidad de testigos reservados y protegidos.

Lo resuelto por el Juzgado Federal neuquino fue apelado por el fiscal.

¿Podrían quedar detenidos?

Si hay algo que podemos asegurar es que ninguno de los involucrados en la desaparición forzada de Sergio Ávalos quedará detenido tras la imputación.

Acá juega un rol muy importante el pronunciamiento que en 2009 dictó la Cámara Nacional de Casación Penal en el acuerdo plenario “Díaz Bessone” que sentó las bases de la nueva doctrina sobre excarcelaciones.

La Cámara dejó en claro que incluso aquellos acusados por delitos graves, tienen derecho a gozar de libertad durante el proceso, siempre que no entorpezcan la investigación o haya peligro de fuga.

En la causa Ávalos, mal que pese, todos los imputados están a derecho y no se dan los riesgos procesales previstos. Primero ya no hay posibilidad de entorpecer la investigación porque está concluida, motivo por el cual el juez federal ordenó las imputaciones. Y segundo, el riesgo de fuga no está probado porque todos los involucrados han permanecido en la provincia y las salidas que tuvieron del país a lo largo de estos 20 años han sido ocasionales y han regresado, dato que fue chequeado por Migraciones.

Es decir, todos serán imputados y seguirán con sus vidas mientras avanza el proceso de cara a un juicio que también será histórico, más aún si se logran las condenas que tanto espera la familia de Sergio Ávalos.

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