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La Mañana abuso grupal

Más de 8 años de cárcel para los autores de un abuso grupal a una joven con discapacidad

La fiscalía había pedido 15 años de prisión para los abusadores. La pena de los jueces se apartó apenas seis meses del mínimo previsto.

Tres hombres de Rincón de los Sauces fueron sentenciados a 8 años y seis meses de cárcel por cometer un abuso grupal contra una joven con discapacidad, a la que alcoholizaron primero. El hecho ocurrió en 2020 y recién la semana pasada llegó a la imposición de pena. Un cuarto imputado acusado por la violación en manada falta ser juzgado.

La teoría del caso que logró probar la fiscalía en juicio es que el 19 de septiembre de 2020, entre las 16:30 y las 19, los tres imputados abusaron sexualmente de la víctima en una vivienda, propiedad de uno de los hombres y ubicada en la ciudad de Rincón de los Sauces. La joven, quien presenta una discapacidad, había ido al lugar tras ser invitada por uno de los hoy condenados a través de una charla por Facebook: "F.A.V" la invitó a su casa y, una vez en el lugar, le dieron para consumir bebidas alcohólicas.

En ese contexto y una vez que la víctima estuvo alcoholizada, los acusados aprovecharon su estado de vulnerabilidad para cometer los abusos de forma sucesiva.

Los condenados son "R.M.G", "L.M.H" y "F.A.V". Tras el juicio, fueron declarados responsables como coautores del delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el concurso de dos o más personas.

Así se llegó a la audiencia de cesura la semana pasada, durante la cual la fiscal Rocío Rivero solicitó una pena de 15 años de prisión para cada uno. En este sentido, planteó una serie de agravantes al tribunal, entre ellos, la condición de discapacidad de la mujer que sufrió la agresión sexual.

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Sin embargo, el tribunal no tuvo en cuenta este agravante, por considerar que la fiscalía no probó que los condenados sabían de esa condición de vulnerabilidad de la víctima y se aprovecharon de ella. Para el tribunal, “la fiscalía no lo acreditó con el grado necesario”, sostuvo el presidente de ese cuerpo, el juez Marco Lupica Cristo.

Por otra parte, los dos jueces y la jueza que dirigieron el proceso sí tuvieron en cuenta otro de los agravantes propuestos por la fiscalía: la extensión del daño, que en el caso puntual, se reflejó en un agravamiento de un cuadro de estrés postraumático que evidencia la joven en la actualidad.

Para atenuar la pena, el presidente del tribunal precisó consideraciones personales de cada condenado, y en términos generales, el hecho de que no tuvieran antecedentes penales.

Tras una explicación respecto de los fines resocializadores de las penas, el presidente del cuerpo informó el monto de 8 años y 6 meses de prisión al que arribó junto a sus pares Juan Guaita y Estefanía Sauli. Además, los condenados serán inscriptos en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

La investigación continúa respecto de un cuarto acusado, "E.I.Y", quien al momento del juicio se encontraba internado en otra provincia y aún no fue juzgado.

Lo acusan por violar a una niña por 21 años

En una audiencia de formulación de cargos realizada el viernes en la Ciudad Judicial, la asistente letrada Cecilia Sabatte acusó a un varón, "R.C.F", por abusar sexualmente de una niña de su entorno familiar en un barrio de la ciudad de Neuquén.

La teoría del caso que describió la representante del Ministerio Público Fiscal fue que R.C.F abusó en reiteradas oportunidades de una niña. Las agresiones ocurrieron entre enero de 2002 y enero de 2023, en una vivienda de la ciudad de Neuquén donde convivían.

Los delitos que le atribuyó son abuso sexual simple -reiterado- en concurso real con abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), todo agravado por la situación de convivencia preexistente y en carácter de autor.

Además, la funcionaria de la fiscalía especializada en Violencia contra las Mujeres, Diversidades y Delitos Sexuales requirió que se le imponga restricción de acercamiento a menos de 200 metros de la víctima y su grupo familiar, y que se le impida mantener cualquier tipo de contacto por cualquier medio, durante cuatro meses.

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La funcionaria de la defensoría de los Derechos de Niñez y Adolescencia, Agustina Jarry, adhirió a la formulación de cargos y a las medidas cautelares requeridas.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías Natalia Pelosso, que estuvo a cargo de la audiencia, dio por formulados los cargos de acuerdo a lo requerido por la fiscalía. Además, la magistrada avaló el pedido sobre las medidas de coerción y fijó la prohibición de acercamiento y contacto solicitada por cuatro meses.

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