Revisión anuló la domiciliaria a uno de los abusadores de Silvia Cabañares
Al acusado de abuso se lo mandó detenido a la casa porque estaba en la alcaidía de la Comisaría 17 en condiciones indignas de detención.
A pesar de la crítica situación carcelaria que atraviesa la provincia, un tribunal revisor dio marcha atrás a una prisión domiciliaria que se dictó por las pésimas condiciones de detención en las que se encontraba un hombre acusado de violar en grupo a Silvia Cabañares. Ante el hacinamiento que hay en las alcaidías, el tribunal brindó un abanico de posibilidades: que sea alojado en otra jurisdicción, en la cárcel federal o que directamente lo manden a otra provincia.
El detenido es uno de los cinco jóvenes que fueron acusados por abusar de Cabañares en Neuquén en mayo del 2023, identificado como L.E.J. La fiscalía recién llegó a ellos cuatro meses después, luego del femicidio de la mujer y ya sin posibilidad de ampliar su denuncia inicial. No obstante, el femicidio se investiga en Río Negro, dado que Silvia apareció asesinada en Balsa Las Perlas y no se ha encontrado conexión entre la violación y el crimen.
Los horrores padecidos por Silvia Cabañares
En mayo de 2023, Silvia Cabañares afirmó que la violaron entre cinco hombres en Neuquén y aportó sus apodos, que la fiscalía luego pudo unir a los actuales imputados.
El sábado pasado, en medio de una audiencia que estuvo a cargo del juez de garantías Gustavo Ravizzoli, se desató la polémica cuando el juez, atinadamente, otorgó la domiciliaria a uno de los acusados tras escuchar el espanto.
Es que el día anterior, el magistrado tomó conocimiento del pedido del defensor del detenido, José Maitini, quien argumentó hasta con imágenes las pésimas condiciones de detención en la alcaidía de la Comisaría 17 del barrio La Sirena.
Allí duermen tres detenidos en el suelo en condiciones de hacinamiento, por ese motivo, el juez solicitó al responsable de servicio penitenciario buscar una alternativa, en un plazo de 24 horas, para derivar al detenido a otra unidad.
Lamentablemente, desde la Policía debieron admitir que no tenían alternativa, advirtiendo que tienen todas las alcaidías saturadas. Para ilustrar, se informó que el cupo total para alojados en comisarías (que no deberían recibir condenados) es de 72 plazas y actualmente hay alrededor de 108 personas detenidas.
Es que, cabe recordar, desde que se dictaminó el cierre preventivo de las cárceles en noviembre de 2022, por el hacinamiento, ya nadie puede ingresar. Esto hace que se acumulen personas condenadas en las comisarías, que junto a los procesados y contraventores que habitualmente son ingresados, hace rápidamente incrementar esa cifra y también empeorar la situación de encierro.
Ante la encrucijada, el juez de garantías Gustavo Ravizzoli optó por una resolución salomónica.
Entendiendo lo compleja de la situación, tanto por el delito que se persigue y que seguramente termine en un juicio por jurados, tuvo que contemplar las condiciones del detenido y los riesgos procesales.
De esta forma, no pudo obviar el pedido del defensor por las condiciones indignas de detención que son violatorias de los derechos humanos y los tratados internacionales a los que está adherido el país.
Ante la imposibilidad de una reubicación y teniendo por probado el domicilio idóneo para ello, el juez dictó la prisión domiciliaria con custodia permanente de la Policía y la implementación de una tobillera electrónica.
Revisión revocó la prisión domiciliaria
La fiscalía rápidamente requirió la revisión de esta decisión ante un nuevo tribunal, que se reunió este martes y estuvo integrado por los magistrados Carolina García, Juan Pablo Encina y Lucas Yancarelli.
El fiscal del caso Manuel Islas pidió que el imputado vuelva a una comisaría y argumentó que sigue vigente el peligro de fuga. Además, requirió que si no se dan las condiciones de detención en la I Circunscripción, que se cumpla la medida en una unidad del interior de la provincia.
Lo cierto es que, como ya dijimos, no hay penal ni comisaría posible en toda la provincia que hoy cuente con las condiciones de habitabilidad mínimas para alojar a más personas. De hecho, todas ya superan la cantidad de detenidos que deberían tener para asegurar su comodidad y bienestar. Estos son datos con los que cuenta el Ministerio Público de la Defensa y ha hecho saber en reiteradas ocasiones.
También hemos visto los resultados de apilar a los detenidos en alcaidías: en lo que va del año se registraron dos importantes fugas (de la Tercera y la 46 en Plottier) y los conflictos internos e intentos de motín también son frecuentes.
Más allá de eso, también está la imposibilidad de alejar al imputado de su centro de arraigo, una garantía que debe cumplirse.
No obstante esto, el fiscal Islas insistió en su postura y detalló que “ya fue fijada la audiencia de control de acusación para realizarse el mes que viene” y sostuvo que “debido a la pretensión de pena para el caso, la fiscalía seguramente va a requerir que sea juzgado en un juicio por jurados populares”.
El abogado querellante particular que interviene como representante de la madre de la víctima, César Alfaro, adhirió al pedido de la fiscalía.
Por su parte, la defensa sostuvo sus argumentos y los datos relevados.
Tras analizar los pedidos, el tribunal revisor decidió por unanimidad revocar la prisión domiciliada otorgada por el juez de garantías Gustavo Ravizzoli el sábado pasado.
Por este motivo, L.E.J volvió a quedar detenido en prisión preventiva desde hoy y fue nuevamente trasladado a una comisaría.
Los imputados son L.E.J; R.H.V; y F.D.G, y están acusados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes, y a O.A.G y J.L.L, acusados como partícipes necesarios.
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