Por un error técnico, cae juicio contra un abusador

Las víctimas son la ex pareja y la hija de ella, que volverán a esperar. Estaba en riesgo la imparcialidad del juez.

Por encontrarse en riesgo la imparcialidad de uno de los jueces, se declaró la nulidad del juicio a un taxista por abusar de su pareja y de la hija de ella. La suspensión se realizó durante la segunda jornada y generó consternación en las víctimas. Uno de los miembros del tribunal colegiado ya había participado de una causa paralela que inició el suegro de la víctima por usurpación de una vivienda.

María, la mujer víctima de abuso, contó a LM Neuquén, previo al juicio, el padecimiento que tuvo de violencia de género y abuso sexual, al que se sumó su hija de 9 años.

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La nulidad del juicio la confirmó el juez Diego Piedrabuena a este medio, quien dijo que se percataron de la incompatibilidad de uno de los jueces actuantes cuando la víctima declaró que había sido denunciada por estafa y usurpación por ocupar una vivienda que pertenecía al padre del acusado, en la cual María y su entonces pareja convivían hasta la denuncia por abuso.

Fue tras ello que se produjo la contradenuncia desde el entorno del acusado. "La teoría de la defensa se basa en que la denuncia por violencia de género y abuso sexual es falsa y que la mujer está movilizada por un interés económico", explicó el juez. A pesar de que esa causa fue finalmente desestimada y archivada, la defensa nuevamente la utiliza como estrategia.

El juez Gustavo Ravizzoli fue quien intervino en la causa previa contra la mujer, y sobre esta línea, Piedrabuena explicó que eso lo vuelve incompatible para conformar el tribunal dado que "ya dio una valoración de la prueba presentada en la otra causa, la cual nuevamente es traída a colación por la defensa como argumento base. Esto significa que el juez no puede intervenir". Y, acerca del sorpresivo giro, explicó que "los jueces no conocen el caso hasta que las partes lo presentan".

Por estos motivos, el juicio se dio por suspendido hasta que la Oficina Judicial decida la conformación de un nuevo tribunal.

Al respecto, la abogada querellante Gisella Moreira explicó que la situación causó gran consternación en su clienta. "Pedimos que se tenga en cuenta la gravedad del caso para avanzar con el juicio lo más pronto posible. La oficina judicial debería darle prioridad", sostuvo la letrada.

La mujer había radicado la denuncia a comienzos del año pasado, por violencia de género y abuso sexual contra ella y su hija menor de edad. Indicó que a raíz de las agresiones sufridas durante tantos años, actualmente presenta un gran deterioro en su cuerpo y en sus aptitudes psíquicas.

El hombre está acusado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante (hacia quien era su pareja) y abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia con una menor de 18 años (hacia la hija de la denunciante). Así, de acuerdo con el artículo 119, segundo y cuarto párrafos, le cabe una pena de 8 a 20 años de prisión efectiva.

El Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén establece, en su artículo 40, que los jueces intervinientes "deberán apartarse cuando existan motivos graves que afecten su imparcialidad". Otorgando el fundamento pertinente, se establece la nulidad del juicio y se llama a concurso para cubrir su cargo y retomar la discusión en una nueva instancia con nuevos actuantes.

En este caso, la intervención del juez Ravizzoli en la causa paralela ponía en riesgo su objetividad, tal cual lo establece la ley, debido a que la defensa se valió de un alegato sobre el cual el juez ya había realizado una valoración previa. De haber avanzado el juicio y haberse descubierto la circunstancia de posible influencia sobre el dictamen final, la actuación del magistrado habría sido puesta en duda y, por lo tanto, también el fallo final.

Dado que los magistrados no conocen los casos previo al tratamiento en el juicio, estas situaciones se vuelven para ellos imposibles de advertir.

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Lo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén

El Código Procesal Penal de la Provincia de Neuquén establece, en su artículo 40, que los jueces intervinientes “deberán apartarse cuando existan motivos graves que afecten su imparcialidad”. Otorgando el fundamento pertinente, se establece la nulidad del juicio y se llama a concurso para cubrir su cargo y retomar la discusión en una nueva instancia con nuevos actuantes.

En este caso, la intervención del juez Ravizzoli en la causa paralela ponía en riesgo su objetividad, tal cual lo establece la ley, debido a que la defensa se valió de un alegato sobre el cual el juez ya había realizado una valoración previa. De haber avanzado el juicio y haberse descubierto la circunstancia de posible influencia sobre el dictamen final, la actuación del magistrado habría sido puesta en duda y, por lo tanto, también el fallo final.

Dado que los magistrados no conocen los casos previo al tratamiento en el juicio, estas situaciones se vuelven para ellos imposibles de advertir.

Una víctima en riesgo y desamparada por el Estado

“Pienso que sería mejor si me hubiera matado”, había expresado la mujer acerca del calvario que hoy atraviesa a causa del daño físico, emocional y psicológico que su ex pareja le causó durante tantos años de violencia. “No soporto el dolor, no tengo ganas de seguir viva”, dijo.

No es la primera vez que el juicio se pospone en su etapa clave. Moreira, abogada querellante de la víctima, declaró que ya lleva diez suspensiones por distintos motivos. “Entendemos que la decisión fue racional, sobre todo para evitar nulidades futuras. Pero también sabemos que implica una revictimización de María”, recalcó la abogada.

Al respecto, agregó que pidió que se llegue a una solución cuanto antes, explicando que la mujer ya ha declarado en numerosas oportunidades y que una nueva dilación puede generar una “contaminación del relato”.

“Prestar testimonio en este tipo de casos es mucho más difícil para las víctimas en comparación a otras situaciones y, en ese sentido, ella está en una situación bastante delicada”, recalcó Moreira.

Sobre los repetidos intentos de la defensa de apuntar a la víctima de “aprovechadora”, la letrada expresó: “No se entiende el argumento que presentan, va en contra de todo aquello por lo que las mujeres venimos luchando tanto. Es necesario que la defensa aplique perspectiva de género a sus consideraciones”. Y resaltó que la causa previa fue archivada por dos jueces que consideraron las acusaciones infundadas.

Es oportuno recordar que la mujer continúa habitando la vivienda que pertenece a su ex suegro junto a sus dos hijas, debido a la situación de desamparo en la que se encuentra. María no ha recibido asistencia suficiente que le permita cubrir gastos para las tres, al recibir una ayuda social mínima, por lo que no cuenta con los medios para conseguir una casa propia.

Sobre esto, Moreira detalló que se han dirigido a distintos organizaciones y a mandatarios de los ámbitos municipal y provincial. “Hemos tocado numerosas puertas y nuestros pedidos no han recibido respuesta”, sostuvo la abogada.

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