Se cumple otro aniversario de la tragedia de Once

Los familiares de las víctimas de la denominada tragedia de Once conmemorarán mañana el cuarto aniversario del choque del tren que causó 52 muertes y 789 heridos, el primer acto recordatorio tras el fallo judicial que condenó a 21 responsables y a la espera de que el 30 de marzo se lean los fundamentos de las sentencias que abrirán la instancia de las apelaciones. El acto está previsto para las 8:32 (hora de la colisión) en el andén 1 de la terminal, lugar donde se levanta el Memorial de los Corazones, e incluirá un número artístico y la lectura de un comunicado, según adelantó a Télam María Luján Rey, madre del joven fallecido Lucas Menghini Rey.

En aquella calurosa mañana del 22 de febrero de 2012, el error humano, sumado a la falta de mantenimiento de un paragolpes del andén y la desinversión del tren Sarmiento avalada por el Estado, determinó que la formación impactara de frente y los primeros vagones se incrustaran uno contra otro, transformándose en un trampa mortal para los pasajeros. La tragedia fue la gota que colmó el vaso y abrió el camino a un proceso de renovación de los trenes, que todavía está en marcha y que ya benefició a buena parte de los pasajeros del área metropolitana.

Paralelamente, la Justicia Federal investigó las circunstancias que rodearon la tragedia y tras 21 meses de audiencias, el 29 de diciembre pasado condenó a 21 de los 28 acusados a penas de entre tres y nueve años de prisión.

Las mayores condenas recayeron sobre el ex concesionario de Trenes de Buenos Aires (TBA), Sergio Claudio Cirigliano, y sobre el secretario de Transporte de la Nación al momento del hecho, Juan Pablo Schiavi. Ambos fueron encontrados responsables de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado nacional y estrago culposo, por el pago de subsidios estatales y la simultánea falta de mantenimiento de los trenes del ferrocarril Sarmiento. Otro ex funcionario condenado en ese proceso fue Ricardo Jaime, también ex secretario de Transporte, a quien le fue aplicada una pena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua, resultante de la unificación con dos condenas anteriores.

Es que, en su caso, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) sólo lo consideró responsable del mal uso de los subsidios que el Estado pagaba a la prestataria y no por el estrago culposo.