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¿Se viene una drástica poda a honorarios de abogados que representan al Estado?

En la actualidad, lo que los profesionales recaudan en cada juicio supera "exorbitantemente los montos de la deuda a cobrar" en perjuicio de los ciudadanos. Así lo aseguró la diputada Lorena Parrilli en el proyecto que presentó en la Legislatura.

La Legislatura se apresta a debatir un proyecto de ley para limitar drásticamente el cobro de honorarios de los profesionales de la abogacía que actúen en juicios de ejecución de deuda por servicios, tasas, contribuciones, multas o impuestos en representación del Estado.

La diputada Lorena Parrilli (FT) presentó este miércoles un proyecto para regular el cobro de honorarios de los abogados a través de una modificación de la ley 1594 al incorporar el artículo 13 bis que determina que, en concepto de honorarios, el profesional podrá cobrar un máximo de tres JUS, monto que, a la vez, no podrá exceder el 35% del monto del capital. Si lo superara, se aplicará la referencia de menor valor.

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En la actualidad, lo que sucede en las ejecuciones de las deudas del estado provincial, municipal, organismos públicos, entidades autárquicas o empresas públicas es que el monto de los honorarios supera exorbitantemente los montos de la deuda a cobrar, rondando hoy el mínimo legal en más de $50.000 aproximadamente.

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Así lo explicó la legisladora en la fundamentación, en la que retoma un ejemplo en el que un ciudadano debía pagar, el año pasado, 1.400 pesos de multa por infracción de la Ley de Fauna, mientras que el valor de los honorarios 33 mil pesos, previo a la sentencia, monto que se duplica.

Tal situación, “ratifica lo injusto de la ley vigente, resultando como único perjudicado el ciudadano”, sostiene la diputada del Frente de Todos, quien indica que la propuesta recepta “criterios justos y equitativos de determinación de los honorarios de abogados, basados en principios de moralidad y justicia”.

Agrega que se trata, además, de profesionales que se desempeñan en relación de dependencia en el Estado o mediante un contrato de locación o prestación de servicios, por lo que no obtienen por esfuerzo propio los casos para ejecutar, sino que les son asignados por parte del gobierno de turno.

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