La Mañana Toma en Merlo 11 de noviembre 2015 - 00:15

Tensión por una toma a pocos días del ballotage

Es en Merlo, adonde fue movilizada la Policía a la espera de un desalojo.

Efectivos de la Policía Bonaerense en los predios que permanecen ocupados. Esperan la orden judicial para actuar.

Buenos Aires.- La toma de tierras en un predio de 60 hectáreas en la localidad de Merlo continuó ayer en medio de acusaciones cruzadas por la responsabilidad política de la ocupación, mientras el Gobierno bonaerense intervino con el envío de efectivos de fuerzas de seguridad.

Luego de 21 días de ocupación, el Ministerio de Seguridad bonaerense decidió poner a disposición de la Justicia a la Policía Bonaerense: trasladó a 300 efectivos de Infantería al predio ubicado en el oeste del Gran Buenos Aires, a la espera de una orden judicial que disponga el desalojo de las tierras, aunque hasta esta noche el personal mantenía una actitud pasiva.

"Esta toma es el síntoma de un fin de ciclo. Todo esto es responsabilidad del Gobierno". María Eugenia Vidal. Gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires

En medio de cruces políticos y acusaciones entre los dirigentes del distrito, el ministro Alejandro Granados apostó al personal de Infantería sobre la Ruta 1003, donde comienzan a desparramarse precarias viviendas sin ningún tipo de servicio, y los puso a la orden del fiscal Fernando Capello.

Vigilia: Los ocupantes permanecen atentos a los movimientos de los policías, pero no se van.

Más efectivos

Según explicó el funcionario de Daniel Scioli, al personal ya afectado se sumarán este miércoles otros 300 efectivos, para rodear de forma total las 60 hectáreas que tiene el predio usurpado desde los días previos a las elecciones del pasado 25 de octubre.

"Hay que analizar esta situación con profundidad. LaJusticia debe dar una respuesta". Daniel Scioli. Candidato presidencial por el Frente para la Victoria

"Cuando la Justicia nos ordene desalojar, desalojamos", expresó Granados, que detalló que no cree que vaya a haber problemas para retirar a la gente del lugar, "ya que no están afincados".

Sostuvo que se trata de "gente que vive en el mismo barrio" y afirmó que son entre "550 y 600 familias", al rechazar que fueran 3 mil, como se denunció en principio.

Granados consideró que la situación de ocupación se originó a partir de "un vivo que quiso perjudicar a alguien y que hizo correr la voz de que se podían tomar esos terrenos".

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