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Tierra del Fuego: Imputaron a un odontólogo por un falso positivo

Envió un audio que se viralizó. Lo denunció el director de un hospital.

Un odontólogo de Río Grande fue imputado por "intimidación pública", tras difundir un audio por Whatsapp que alertaba sobre un falso positivo de coronavirus.

El hombre, identificado como Manuel Álamo, se desempeña en el Hospital Regional de Río Grande y fue denunciado ante la fiscalía en turno por el director médico del centro asistencial, Cristian Tejedor, a instancias de las autoridades de salud. Según los investigadores, el odontólogo fue el autor de un audio divulgado el lunes que luego se viralizó por toda la provincia. En la grabación, el profesional afirmó que "dio positivo" el estudio de coronavirus de un paciente de nacionalidad alemana internado en el hospital, pero después se comprobó que no estaba enfermo.

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La denuncia asegura que el comportamiento de Álamo propició "un clima de preocupación generalizada ante la sociedad y faltando a su ética profesional y el respeto por la identidad del paciente". También que el tenor del mensaje y el efecto que causó en la población obligó a la Comisión de Emergencia Sanitaria del distrito a "tener que salir a aclarar y desmentir esa versión". El delito por el que se acusa a Álamo está previsto en el artículo 211 del Código Penal y prevé una pena de dos a seis años de prisión para el que "con el objetivo de infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos". Además, las autoridades de Salud resolvieron iniciar un sumario administrativo contra el facultativo.

Los que no cumplieron

La fiscalía a cargo de las causas por violación de cuarentena obligatoria por el coronavirus pidió citar a declaración indagatoria a los imputados sorprendidos en flagrancia, una vez que termine el aislamiento de 14 días que, en algunos casos, cumplen con consigna policial. Desde el lunes se abrieron en los tribunales de Comodoro Py 2002 unas 20 causas diarias por ese tipo de denuncias y también casos sobre quienes se ordenaron medidas de prueba para comprobar si cometieron los hechos delictivos.

Ante esta situación, la fiscal federal Alejandra Mángano entregó al juez federal de turno Luis Rodríguez un dictamen con un protocolo de actuación que diferenció dos tipos de casos: flagrancia y no flagrancia.

La norma prevé de seis meses a dos años de prisión a quien "violare las medidas impuestas por la ley o por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

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