La Mañana fiestas clandestinas 05 de enero 2021 - 20:16

Vacaciones en la Costa: las costosas consecuencias de organizar fiestas clandestinas

Mientras se estudia un paquete de mediadas sanitarias, la autoridades intentan ponerle freno a las fiestas clandestinas con multas millonarias.

En los últimos días la cantidad de contagios de COVID-19 se ha disparado abruptamente en la Costa Atlántica debido a la proliferación de fiestas clandestinas. Y aunque hasta ahora el gobernador bonaerense Axel Kicillof y los intendentes no han anunciado un endurecimiento de las medidas sanitarias, las autoridades se han encargado de presionar por otro frente.

Además de enfrentar un proceso legal por violar las normas establecidas por el Gobierno Nacional y el Gobierno provincial, los organizadores de fiestas clandestinas recibirán multas de entre 350 000 y 1 000 000 de pesos.

Durante el mes de diciembre, en Mar del Plata las autoridades desarticularon 170 fiestas clandestinas, un promedio de 6 por noche. Durante la noche de Año Nuevo la cifra aumentó de 6 fiestas clandestinas desactivadas a 20, aunque fueron denunciadas 50. En total, fueron desactivas casi 250 reuniones que violaban la normas sanitarias para evitar el contagio y la propagación del COVID-19.

Pinamar ha sido otro de los epicentros de fiestas clandestinas durante esta temporada de vacaciones, el lunes se informó que la noche del domingo se desactivo una fiesta con más de 600 jóvenes que tuvo lugar en "El bosquecito".

Según explicó Mauricio Loria en diálogo con Clarín, el dinero recaudado por las multas interpuestas a los organizadores de las fiestas clandestinas mientras exista perdure la emergencia sanitaria "se destinará a la Secretaría de Salud municipal para solventar exclusivamente gastos para la atención de casos de Covid-19".

Además de recibir una infracción y pagar una multa, en el caso del organizador, tanto los asistentes como el anfitrión del evento podrían ir a la cárcel bajo una causa federal acusado de infracción al artículo 205 del Código Penal: "Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia".