Violencia de género: proponen que jueces y fiscales tengan 12 horas para expulsar a violentos del hogar

La Subsecretaria de las Mujeres de la ciudad de Neuquén, María Alejandra Oehrens, presentó en la Legislatura provincial dos proyectos de ley con el objetivo de prevenir nuevos casos de violencia de género.

Una de las iniciativas incorpora a la ley de “Protección a las víctimas de violencia familiar” el plazo máximo de 12 horas con los que contarán el juez o fiscal para solicitar la exclusión de la vivienda del agresor en los casos en que ejerza violencia física o su presencia en el hogar implique riesgo de femicidio.

Este proyecto apunta a “dar vuelta el argumento” ya que en la actualidad quien abandona la vivienda es la mujer y no el agresor. La funcionaria municipal argumenta que los plazos vigentes “son demasiado laxos” por lo que se debe avanzar en la celeridad de los mismos, y explica que las mujeres que sufren de violencia familiar en sus hogares, suelen refugiarse en la casa de algún familiar o “quedan a la deriva”, a la espera de poder ser alojadas en algún espacio institucional como un refugio para mujeres víctimas de violencia. “Estos espacios son importantes y deberán seguir existiendo mientras se trabaja para lograr una sociedad libre de violencia hacia las mujeres. Pero lo cierto es que solo deberían ser utilizados en situaciones especialísimas, nunca cuando la mujer que sufre la situación de violencia tiene un hogar”, subrayó.

Alejandra Oehrens

El segundo proyecto presentado por Oehrens, en tanto, establece la restricción en la portación, tenencia y transporte del arma oficial para los efectivos policiales y penitenciarios sobre quienes recaiga una denuncia de violencia de género, violencia intrafamiliar o denuncia penal. Es decir que, según corresponda, se suspenderá preventivamente su condición de legítimo usuario o se aplicará dicha suspensión sobre su permiso de portación de armas y municiones particulares. El levantamiento de estas medidas requerirá una autorización expresa otorgada por la autoridad que determine el Poder Ejecutivo.

El proyecto indica que, cuando exista una denuncia por violencia de género o intrafamiliar, el agente deberá retirar el arma al ingresar a la jornada de servicio y devolverla al finalizarla.