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Aguada San Roque: confirman las diez imputaciones y sigue la investigación

Un tribunal rechazó los pedidos de las defensas de algunos acusados. Uno de los planteos es la jurisdicción.

Un Tribunal de Impugnación rechazó este miércoles al mediodía los recursos de impugnación presentados por la defensa de seis de los diez acusados por la explosión de la escuela 144 de Aguada San Roque, en la que fallecieron la docente Mónica Jara, el gasista Nicolás Francés y su ayudante Mariano Spinedi.

Los pedidos de los abogados defensores estuvieron fundamentados en dos cuestiones principales. Por un lado, plantearon la incompetencia de la jueza Patricia Lupica Cristo, de la Segunda Circunscripción Judicial, y solicitaron que el presunto delito de administración fraudulenta sea investigado en la sede judicial de Neuquén capital y no en la de Cutral Co, como sucede actualmente.

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Los jueces del Tribunal de Impugnación solicitaron a los letrados precisiones sobre el tipo de requerimiento. Es decir, si estaban requiriendo que la investigación se desdoble y vaya una parte a Neuquén capital (Primera Circunscripción Judicial) o si lo que estaban solicitando es que se modifique la fiscal que interviene en el caso. El planteo de la defensa fue en relación a la cuestión de competencia por la falsificación ideológica y el delito de fraude a la administración.

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Por otra parte, el abogado defensor de Gabriel Potas, presentó una impugnación al entender que se había afectado la garantía de su defendido en contra de la autoincriminación forzada y sostuvo que hubo una afectación a una garantía constitucional. El fundamento fue que durante la investigación preliminar de la Fiscalía se le tomó declaración testimonial y luego resultó imputado.

Ante los planteos de la defensa, tanto la querella particular en representación del gremio ATEN y los familiares de las víctimas, como la fiscalía, sostuvieron que la decisión impuesta es inimpugnable y solicitaron al tribunal que se rechace la admisibilidad del recurso presentado por la defensa y se ratifique la decisión impuesta del 26 de abril pasado.

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"Todos sabemos que la voluntad del legislador provincial fue establecer la posibilidad de impugnar las decisiones judiciales que en la forma expresa lo determine la manda legal, y no es el supuesto del caso, la letra de la propia ley y su interpretación más amplia no lo permite”, sostuvo la fiscal jefa Sandra González Taboada.

En la audiencia de este miércoles, el Tribunal de Impugnación avaló por unanimidad el pedido de la fiscalía y resolvió la inadmisibilidad de los recursos presentados por las defensas particulares. De esta manera, confirmó las decisiones impuestas por la magistrada Lupica Cristo con anterioridad y se confirmaron las diez imputaciones, entre empresarios y funcionarios públicos, de modo que continuará la investigación.

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