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El Gobierno admite fallas en la Ley de Alquileres: cuáles son los principales problemas

Tras un año de implementación de esa ley, el ministro de Desarrollo Territorial, Jorge Ferraresi, admitió que "seguramente hay mucho para trabajar" en la norma

Tras un año de funcionamiento de la Ley de Alquileres, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, admitió que la norma tiene deficiencias y afirmó que “seguramente hay mucho para trabajar” en su contenido.

“En una Argentina heterogénea una ley no puede abarcar todo. Esta ley, por ejemplo, tiene la obligación de la mediación y 11 provincias no tienen una ley de mediación. Para 11 provincias es una ley inaplicable”, señaló.

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También aseguró que “los no registrados son un problema, unos 2,5 millones de inquilinos. Con la ley se les pidió que se inscriban en la AFIP y apenas se superaron los 200.000. Hay algo que no funciona, no se puede regular ese mercado con leyes nacionales, se necesitan leyes locales”, explicó.

La referencia de Ferraresi se transformó en la primera surgida con cierto tono crítico desde el Gobierno, luego que varios sectores señalaran que la nueva ley no cumplió con sus objetivos. En primer lugar, desde su aplicación los alquileres subieron por encima de la inflación y en segundo lugar la aparición de una escasez de oferta, ya que muchos propietarios prefieren pasar sus propiedades del alquiler a venta.

La Ley de Alquileres cumplió en julio un año de vigencia y ese mes comenzó a aplicarse una actualización de valores de los contratos bajo el índice elaborado por el Banco Central, que contempla la evolución de los salarios y la inflación anual. Según este índice, que pondera en partes iguales la inflación y los salarios, este mes el incremento anual que podrá aplicarse en los contratos rondará el 40%.

Desde el sector inmobiliario están impulsando cambios en la ley, que estableció un plazo mínimo de tres años para los contratos y la actualización anual según la variación de un índice que combina inflación y salarios en partes iguales (ICL).

La nueva ley, cuyo espíritu era proteger al inquilino, terminó en verdad perjudicando al mercado de alquileres, sostienen desde el sector inmobiliario. Muchos propietarios se quejan de que la Ley es un gran desincentivo para mantener sus unidades en alquiler y por eso muchos están retirándolas del mercado.

Entre los puntos polémicos, los propietarios se quejan de que amplía los arreglos los a la propiedad a su cargo. Si bien siempre el dueño se hizo cargo de cualquier arreglo que no haya sido responsabilidad del inquilino, ahora se agrega que si no responde o se niega a hacer una reparación urgente, el inquilino podrá hacerlas por sí mismo y transferirle luego el costo. Entre los problemas que puede generar esto último, dicen los propietarios, es que no habrá certeza de si el monto pasado es real.

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Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Jorge Ferraresi, ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat.

Si las reparaciones no fuesen urgentes el dueño tiene 10 días para hacerlas y en ambos casos el inquilino podrá descontar las reparaciones que haya hecho del pago de los alquileres.

Por otra parte, los propietarios se quejan de que la ley amplía las posibilidades de garantías y esta mayor variedad les genera intranquilidad. Si bien la más usada es el título de una propiedad inmueble, ahora se suman los avales bancarios, seguros de caución, garantías de fianza y garantías personales, que se documentan con recibos de sueldo, certificados de ingresos o equivalentes.

El problema, dicen los propietarios, es que si el locatario ofrece al menos dos opciones están obligados a aceptar al menos una. Según sostienen, esto provocará en la práctica que si el propietario no está convencido finalmente decida no alquilar el departamento o diga que apareció otro interesado.

Otro punto que no convence a los propietarios es que el inquilino pueden rescindir el contrato sin causa después de seis meses de iniciado el contrato. Si la rescisión es con causa (como algún problema en la vivienda que impide habitarla y el propietario no lo hubiera remediado pese a ser notificado), el inquilino no estará obligado a esperar seis meses desde el inicio del contrato, no pagará multa y podrá pedir la restitución del depósito.

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