La cautelar fue presentada con “carácter de urgente” a raíz del reclamo económico de la empresa brasileña realizado ante el Tribunal Arbitral de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “No vamos a permitir que Odebrecht se lleve un solo peso más del Estado nacional”, afirmó Laura Alonso. Y recordó que la firma está suspendida del registro constructor, por lo cual no puede licitar en ninguna obra pública en la actualidad en nuestro país.

La constructora Odebrecht reclama el pago en el marco de los Contratos de Construcción EPC (CAMMESA) y los Fideicomisos de Gas por la suma de u$s 45.281.205,30 y $457.578.828,18. “El pedido de la empresa se basa en el contrato que fuera firmado para la realización de obras correspondientes al Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 pero que ahora está cuestionado ante la justicia”, expresa el escrito presentado por el Gobierno ante el Juzgado Federal 3.

“La presentación apunta a proteger el patrimonio del Estado e impedir que la empresa continúe haciendo reclamos mientras sedan investigaciones por delitos de corrupción”, agrega el documento.

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