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La Mañana Corrupción

El Gobierno y sus dos versiones en el caso de Odebrecht

Ningún organismo se presentó como querellante, a diferencia de la colaboración que dice prestar.

Buenos aires.- “Hay una orden muy precisa del Presidente de colaborar con la Justicia para saber quiénes son las personas que cobraron esos 35 millones de dólares que la propia empresa Odebrecht reconoció haber pagado en nuestro país”, dijo el martes el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. Pero hasta ahora ningún organismo del gobierno de Mauricio Macri se presentó en las causas para tener el rol de querellante y formar parte de las investigaciones.

Según el sitio Infobae, ni la Unidad de Información Financiera (UIF) ni la Oficina Anticorrupción (OA) –los organismos que más participación tienen en las causas de corrupción– pidieron ser querellantes en alguna de las cuatro causas abiertas por Odebrecht.

La UIF, a cargo de Mariano Federici, se presentó esta semana en los expedientes pidiendo copia. En la OA, cuya titular es Laura Alonso, señalaron que tienen investigaciones preliminares propias y que “tarde o temprano” pedirán ser querellantes en las causas.

En la Argentina se tramitan cuatro causas por la corrupción de Odebrecht. Una por el pago de coimas al ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime y que está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi; otra por irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras que lleva el magistrado Sebastián Casanello; y también por la construcción de dos gasoductos que recientemente pasó al juez Daniel Rafecas.

La cuarta causa no está relacionada con Odebrecht pero sí se enmarca en el Lava Jato, el escándalo de corrupción que involucra a empresarios y políticos de Brasil, que lleva el juez Sebastián Ramos por el pago de coimas a funcionarios para direccionar la venta de una empresa de Petrobras.

En ninguno de esos expedientes el Gobierno pidió ser querellante a través de alguno de sus organismos. El querellante es un acusador privado -el público es el fiscal– que se convierte en una parte más de la causa y puede pedir medidas de prueba, citaciones y controlar el avance o no de las actuaciones.

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