El Senado convirtió en ley el proyecto de emergencia pública

Cerca de las 4 de la mañana, la Cámara Alta aprobó la iniciativa del albertismo por 41 votos contra 23. La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva permite aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

La Cámara de Senadores de la Nación, este sábado a la madrugada, convirtió en ley la emergencia pública, proyecto que llevaba como nombre Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, tras un debate que se extendió por ocho horas.

La ley, que contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, había recibido la media sanción en la mañana del viernes en la Cámara de Diputados en una sesión maratónica.

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La votación en general, a las 3:50 de la mañana del sábado, resultó favorable por 41 votos a 023 en contra, con una abstención.

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En la Cámara Alta, el debate comenzó a las 16:20, pero luego fue suspendido durante dos horas a pedido del interbloque opositor de Juntos por el Cambio para estudiar más detenidamente el expediente que había ingresado a la Secretaría Parlamentaria del Senado media hora antes.

Sin embargo, los senadores pasaron a aprobar otros proyectos de Ley incluidos en el régimen de sesiones extraordinarias enviados por el Poder Ejecutivo, por lo que el cuarto intermedio arrancó poco después de las 17:30.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 20-12-19

Recién a las 19 el oficialismo logró el quórum para reiniciar la sesión y los dos tercios necesarios para debatir el asunto sobre tablas, para lo cual colaboró la oposición que no se opuso.

Poco más de 25 legisladores hicieron uso de la palabra por lo que e debate se extendió hasta poco después de las 3 de la mañana cuando se concretó la votación en general.

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Durante el debate, el Frente de Todos justificó la declaración de "emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, energética, tarifaria y social" con críticas a los resultados de la gestión de Mauricio Macri, mientras que Juntos por el Cambio apuntó contra la delegación de facultades, la suspensión de la ley de movilidad y las retenciones.

En el oficialismo, el cordobés Carlos Caserio -que abrió el debate- remarcó que "la pobreza llegó a 40,8%", mencionó la "tremenda deuda externa de 276.686 millones de dólares" e indicó: "La emergencia es el modo que tenemos para salir de este problema. Esta ley es para poner a la Argentina en movimiento y que no siga parada".

Además, destacó el congelamiento de tarifas eléctricas y de gas por 180 días que establece la nueva ley y la posibilidad de que "las pymes no inscriptas lo hagan para percibir los beneficios de condonación de multas, intereses punitorios y resarcitorios", entre otros puntos.

En tanto, la santafesina María de los Ángeles Sacnun defendió la cesión de facultades al Poder Ejecutivo al afirmar que el Congreso tendrá "un control" sobre esa delegación y destacó que el restablecimiento de las retenciones será con "segmentación" entre pequeños y grandes productores, algo que fue incorporado por la Cámara de Diputados.

"Yo soy orgullosamente productora agropeucaria y creo que esta segmentación es un logro histórico, porque siempre hemos planteado la necesidad de tratar de manera desigual a los que son desiguales, tratarlos igual es una injusticia", señaló.

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Por la oposición, uno de los más duros fue el bonaerense Esteban Bullrich, quien consideró que "esta ley hace del Congreso una herramienta inútil para la construcción de consensos" y sostuvo que "diluye" el discurso que tuvo el presidente Alberto Fernández en su asunción.

El porteño Martín Lousteau, en tanto, sostuvo que "en campaña el Presidente dijo que el aumento a los jubilados iba a ser sacándole plata a los bancos y ahora le saca plata a los jubilados".

Por su parte, el entrerriano Alfredo De Ángeli, quien se hizo famoso en 2008 por la pelea por la suba de retenciones, se refirió a ese punto y señaló: "Esta es una cámara federal y este tipo de impuestos va en contra de nuestras provincias".

Que establece la Ley

La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva contempla la declaración de la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, para aplicar medidas ante la crisis económica y social y sentar las bases para promover el desarrollo productivo.

Los principales ejes son la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en los derechos de exportación de granos y oleaginosas (retenciones), y la suspensión de la movilidad jubilatoria.

Se eximen de esta medida a las víctimas de la Ley Brisa, judiciales, docentes, ex funcionarios nacionales y científicos ya que ambos grupos tienen sistemas que garantizan un determinado ingreso con relación a los activos.

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