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El TSJ dio marcha atrás con una resolución que sobreseía a un abusador

La causa se había caído por culpa de la Fiscalía de Delitos Sexuales ya que se habían vencido plazos previstos para el avance de la denuncia.

La Sala penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) dejó sin efecto una resolución del Tribunal de Impugnación que sobreseía a un hombre imputado por abuso sexual de una niña menor de edad. La causa se había caído porque se habían vencido los plazos, pero el máximo órgano de decisión del Poder Judicial declaró su nulidad y, ahora, deberá realizarse la audiencia de control de acusación.

La resolución del TSJ dejó al descubierto que la Fiscalía de Delitos Sexuales cometió un error procesal al vencerse uno de los plazos previstos para que la causa avance, por lo que el acusado quedaba automáticamente sobreseído.

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La causa terminó siendo elevada al TSJ, que este viernes por mayoría consideró que "se debe realizar una interpretación sistemática e integral del artículo 158 del Código Procesal Penal", el cual se refiere a los derechos que tienen los testigos.

De este modo, se declaró la vigencia de la acción penal y deberá realizarse la audiencia de control de acusación. El TSJ también consideró que "se ha producido el saneamiento de la omisión fiscal, con el cumplimiento de la presentación del requerimiento de apertura a juicio de ambos acusadores, dentro del plazo legal previsto para la Defensoría de los Derechos del Niño/a; lo que sumado a la contestación de la defensa pública, ha conseguido el fin perseguido, esto es, la fijación y realización de la audiencia de control de la acusación, conforme al artículo 96 del código procesal penal y a la normativa de jerarquía constitucional".

La vocal del TSJ, Soledad Gennari, afirmó que se cumple con "el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva y a la protección integral de su persona frente a las consecuencias del delito". El titular del órgano, Evaldo Moya, expresó que con esta resolución se garantiza el cumplimiento de “los principios, derechos y garantías reconocidos en el bloque de constitucionalidad, en particular, la tutela judicial efectiva y el interés superior de la niña, presunta víctima del delito investigado". Alfredo Elosu Larumbe votó en contra.

Tras el error cometido por la fiscalía especializada, el fiscal jefe Rómulo Patti hizo el pedido ante el TSJ para anular la resolución del Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Andrés Repetto y Liliana Deiub, que el pasado 24 de julio declaró por mayoría extinguida la acción penal. Desde la fiscalía habían solicitado el avance de la causa con el control de acusación y el juicio "para que se haga efectivo el acceso a la justicia para la víctima y se dicte una sentencia definitiva".

Entre los argumentos planteados por Patti, afirmó que “no puede ser interpretado ni aplicado en vulneración a normas de jerarquía superior, que obligan a la efectiva investigación y sanción de graves violaciones a los derechos humanos”. Añadió que “los jueces deben agotar las posibilidades de realizar una interpretación conforme con la Convención de Belem do Pará y con la Convención de los Derechos del Niño, al momento de interpretar las normas inferiores, a fin de cumplir con las obligaciones asumidas por el Estado Argentino, del cual el poder judicial provincial forma parte”, y que “los hechos investigados son actos de violencia sexual, conforme a la definición efectuada en la Convención de Belem do Pará, dirigido contra una presunta víctima, mujer y niña (dos condiciones de vulnerabilidad especialmente reconocidas y protegidas por ambas convenciones)”.

Según la denuncia, el hecho ocurrió entre 2018 y 2019 en la ciudad de Neuquén por parte de un hombre que abusó de una niña, hija de su pareja, por lo que fue acusado de abuso sexual simple agravado.

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