Pese a registrar 1.089 casos totales y nueve muertes por COVID-19 durante la pandemia, el Gobierno de Formosa recibió una sucesión de denuncias, que fueron presentadas desde la Justicia provincial y hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, por los confinamientos compulsivos y la falta de atención a los centros de aislados.

El abogado Juan Sebastián Montoya, quien realizó una reciente presentación ante la Corte provincial, acusó al gobernador Gildo Insfrán por "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionarios públicos, privación ilegítima de la libertad, vejaciones y otros delitos de violación del orden constitucional". Tras indicar que "entran de madrugada a las casas sin orden judicial" y llevan a la gente "de modo compulsivo", comentó que los centros "están militarizados, custodiados y regenteados por la Policía". "A la noche, para dormir, las habitaciones son cerradas con llave y en algunos lugares, hasta con candados. Y si quieren ir al baño, se los permite por 15 minutos y deben volver a su lugar", contó.

Además, el senador radical Luis Naidenoff presentó un habeas corpus colectivo ante la Justicia Federal por supuestas violaciones de derechos humanos y desobediencia judicial en los alojamientos. Este lunes, Juntos por el Cambio expresó "preocupación por la violación de libertades y derechos" desde que comenzó la pandemia.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández y el Partido Justicialista respaldan a Insfrán.

Aunque no está aprobada por la ANMAT, La Pampa se sumó a otras provincias e incluirá en su política oficial de salud el uso de la ivermectina, una droga antiparasitaria para el tratamiento pacientes con COVID-19.