Buscan proteger a las familias con mediaciones y amparos. Advierten que no se respetó el decreto 320.
Hay más de 80 juicios de desalojo en curso en Neuquén contra inquilinos que no pueden pagar la deuda del alquiler que se generó durante la pandemia. Desde las asociaciones que los nuclean, buscan evitar que queden en la calle a través de mediaciones y amparos colectivos. Advierten que no se respetó el decreto presidencial 320, que congeló los contratos.
“Desde 2020 y lo que va de 2021, hay más de 80 juicios de desalojo en curso en Neuquén y hay que ver por qué avanzaron porque, en teoría, con el decreto 320, estaban suspendidos”, comentó Pamela Gaita, de la Unión de Inquilinos.
Dijo que hay decenas de familias “en emergencia habitacional real, que han sido desalojas o las están por desalojar” y los propietarios no cumplen con el requisito legal de buscar un arreglo previo antes de recurrir a la Justicia.
“La nueva ley de alquileres establece que, en todos los conflictos, antes de la demanda judicial, deben pasar por una instancia de mediación que acá en Neuquén existe pero no es obligatoria, es voluntaria, como el caso de la Defensoría del Pueblo”, detalló.
Informó que la Unión de Inquilinos Neuquinos “está trabajando para generar esos espacios a través de la provincia y que sean obligatorios y pre-judiciales, como se indica en el Protocolo de Alerta Temprana de Desalojo” que sancionó la Nación.
Señaló que también recorren los barrios, a través de un convenio con la municipalidad, para asesorar a los inquilinos que estén endeudados o con un juicio encima. Los turnos se otorgan a través de la línea telefónica 147 y esta semana visitarán las vecinales de Confluencia, Área Centro Este y La Sirena.
Federico Prior, de Inquilinos Agrupados Neuquén, también advirtió del número creciente de familias que enfrentan juicios de desalojo. “En los últimos días, nos llegaron varias consultas por eso y cuentan que no les respetan las 12 cuotas para saldar las deudas, sino que les piden que paguen lo que deben y dejen la vivienda, por más que esté la mediación obligatoria”, relató.
Indicó que atendieron a inquilinos que lograron una mediación para no llegar a una instancia penal, “pero también hay juicios de desalojos iniciados de antes de que venza el decreto 320, porque fueron como preparando el terreno para iniciar la acción ahora, cuando terminó el plazo”.
“La realidad hoy es que hay muchísimas familias al borde del desalojo o endeudadas, que deben afrontar la cuota del plan de pago más el mes de alquiler o los tres meses para ingresar en otro contrato y reciben presiones de las inmobiliarias para saldar esas obligaciones ya”, acotó.
Contó que la mayoría arrastra deudas por montos abultados, que equivalen a cuatro a cinco meses de alquiler, es decir, alrededor de 150 mil pesos. Añadió que algunos pidieron ayuda legal en la Defensoría del Pueblo, otros en el Centro de Acceso a la Justicia “o bien nosotros intimamos para que les respeten las cuotas y la mediación obligatoria”.
Remarcó que la Federación de Inquilinos presentó esta semana un amparo colectivo con alcance nacional, “para suspender todos los desalojos hasta que el gobierno garantice una política efectiva de viviendas”. Esa alternativa está en la Justicia y es una opción más para evitar que las familias queden en la calle.
Blanquean la mitad del alquiler para evadir
Con la nueva ley de Alquileres y el descongelamiento de los contratos, aumentaron las denuncias de inquilinos a los que obligan a “blanquear” la mitad del monto mensual y pagar el resto en negro, como una forma de evadir impuestos y aplicar incrementos por encima del índice que publica el Banco Central.
Federico Prior, de Inquilinos Agrupados, comentó que es una práctica habitual “desde julio de 2020, cuando entró en vigencia la ley, aunque el inquilino puede denunciar a la inmobiliaria o al propietario en AFIP con sólo llevar como prueba el recibo del mes”.
Recordó que la ley obliga al locador a cumplir con el contrato de tres años, el registro en AFIP y el aumento anual según un índice atado a los salarios, pero hay quienes buscan burlar esos requisitos. “También muchas inmobiliarias le quieren cargar al inquilino algún aumento más por facturar, cuando no se puede cobrar el IVA al alquiler, están obligados a sellar y registrar a su costo”, precisó.
Dijo que esto pasa desde el año pasado, pero se vio más en las últimas semanas, al finalizar el decreto de congelamiento, “porque muchos contratos estaban prorrogados y ahora renuevan con la nueva ley”.
Pamela Gaita, de la Unión de Inquilinos, observó que el blanqueo parcial del contrato “es histórico en Neuquén; antes lo veíamos como una práctica común en alquileres comerciales y ahora también en viviendas”.
“Ponen un monto en el contrato para blanquear sólo una parte y te hacen firmar pagarés por la diferencia”, detalló. Coincidió con Prior en que, en esos casos, el inquilino puede ir a AFIP y registrar la cifra real, sin necesidad de que vaya el locatario; sólo debe llevar un comprobante de pago.
Otra opción es buscar asesoramiento en la Defensoría del Pueblo o las dos organizaciones de inquilinos de la zona. Ambas tienen página en Facebook, una figura como "Inquilinos Agrupados Neuquén" y la otra como "Unión de Inquilinos Neuquinos".
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