Imputan a un juez coimero que favorecía a los presos

El juez federal de Mendoza, Walter Bento, fue imputado acusado de liderar una asociación ilícita que recaudó millonarios sobornos para favorecer y desvincular de sus cargos a narcotraficantes y contrabandistas que estaban presos. Increíblemente, el magistrado sigue trabajando en su puesto.

El Fiscal General de Mendoza, Dante Vega, con la colaboración del Ministerio Público Fiscal de la Nación, reveló que seis condenadas por delitos de contrabando, narcotráfico y documentación apócrifa negociaron su libertad con una presunta banda delictiva integrada por un ex aduanero que fue asesinado, llamado Diego Aliaga, tres abogados que tramitaban las causas y el juez, quien era el jefe de la organización.

“Los montos que se pagaron iban de los 50.000 a los 200.000 dólares por cada causa”, le dijo uno de los investigadores al periódico Clarín. El magistrado Bento fue imputado el miércoles último por asociación ilícita, cohecho (cobro de sobornos), lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en una mega causa que golpea a uno de las personalidades más poderosas de la Justicia cuyana.

Su par, el juez de San Rafael, Eduardo Puigdéngolas, avaló el pedido del fiscal general Dante Vega de acusar formalmente al hombre, de 58 años, como “jefe de una banda de abogados y presos que cobraba coimas a cambio de favores judiciales a procesados en casos de contrabando y narcotráfico”. Además del juez, están imputados su esposa Marta Boiza; los abogados Luciano Ortego, Martín Ríos y Matías Aramayo; los seis detenidos que negociaron y fueron beneficiados por los fallos; y los señalados como integrantes de la asociación ilícita.

Una de las pruebas que más compromete al juez es la relación con Aliaga, quien estaba vinculado al ámbito de la elincuencia aduanera, desde electrónica, indumentaria, cigarrillos, entre otras mercancías. Según la acusación, en un lapso de ocho meses, hubo 265 llamadas entre el ex despachante y un teléfono que estaba agendado con el nombre de “Primo”, que luego la Fiscalía constató que era el número del celular oficial del responsable de aplicar las leyes.

La acusación argumenta que el objetivo principal de la banda delictiva era “lograr, a través del pago de un soborno, la libertad espuria de personas detenidas a disposición del Juzgado Federal 1 de Mendoza o su desvinculación del proceso”.

Bento, que fue nombrado en el cargo en el 2005, tiene inmunidad como magistrado y podrá seguir en funciones. La única forma de remover a un juez de su cargo es a través del jury de enjuiciamiento.