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La Ley de Divorcio, un derecho que celebra 34 años desde su aprobación

Tras un intenso debate, en el Congreso y la sociedad en general, la iniciativa del diputado radical José Bielicki era aprobada un 12 de junio de 1987.

Por primera vez en la historia, la Ciudad de Buenos Aires tuvo más divorcios registrados que casamientos. Fueron 4480 contra 3861 en 2020, marcando un hito que sólo es posible gracias a una ley que hace 34 años promulgaba el presidente Raúl Alfonsín: la ley 23.515 del divorcio vincular. Hoy cualquiera puede mirar estos datos y pensarlos apenas como estadísticas que, a lo sumo, llaman la atención, asombran un poco, pero no mucho más que eso, porque a nadie le va a cambiar el día a día. Divorciarse ya forma parte del manual de usos y costumbres del argentino.

Sin embargo, en 1987 y desde un año antes, cuando el proyecto del diputado radical José Bielicki empezó a discutirse en comisiones de la Cámara baja, fuera de las paredes del Congreso Nacional se generó un enorme y ardiente debate más de conciencia religiosa que de Derecho.

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“Llegaron a decir que legislábamos para nosotros porque nos queríamos volver a casar, ya que éramos divorciados. A mí, que llevo 60 años casados con la misma mujer”, recordaba hace un tiempo el propio Bielicki, quien siempre prefirió mirar el tema desde el ángulo contrario a quienes se oponían a la nueva ley. “Decían que íbamos a provocar un boom de divorcios, pero en realidad provocamos un boom de casamientos, los de la gente que se había separado y no había podido volver casarse”.

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José Bielicki

José Bielicki

El reciente número que refiere a la cantidad de divorcios registrados en 2020, en cierto modo contradice el pensamiento del ex diputado. Pero, como decíamos, es solo un dato estadístico al que hay que analizar en un contexto para que cobre un sentido real. Y cuando se hace esto, el tiempo le vuelve a dar la razón a Bielicki. Porque, en realidad, “en 2020 hubo una cantidad similar de divorcios que años anteriores, lo que cambió fue que mucha gente no se casó porque no podía… Lo que hubo fue una postergación forzada de los casamientos” debido a la pandemia, explicó el director general del Registro Civil porteño, Facundo Bargallo. En otras palabras, una unión matrimonial tiene toda una pompa que amerita hacerlo de forma presencial y entre familiares y amigos; para un divorcio, en cambio, con un par de reuniones por Zoom alcanza.

“El Derecho es lógica pura. Cuando la ley contradice la lógica del hombre común, generalmente es una mala ley", supo resumir el juez Juan Bautista Sejean, quien no por su condición de magistrado ni de abogado, pero sí en su rol de hombre separado que llevaba casi una década conviviendo con una mujer con la que deseaba casarse, denunció en 1985 la inconstitucionalidad del artículo 64 de la Ley de Matrimonio Civil que establecía la “indisolubilidad del vínculo conyugal”. Considerando que promediaba la década del 80 del siglo XX, bien podría considerarse que aquella ley estaba un tanto pasada de moda: tenía vigencia desde hacía casi 100 años, puntualmente desde 1888. Era la ley 2393 y básicamente no le permitía una segunda oportunidad a la persona separada, salvo que probara ante la Justicia que había sido víctima de algún delito conyugal de su pareja, por ejemplo, una infidelidad. Pero debía probarlo y, a su vez, la otra parte, en teoría el victimario, no era una simple persona que eligió otro rumbo sentimental para su vida, sino alguien que había cometido un delito. Un culpable, ni más ni menos. "Si te equivocabas en la elección, te condenaban a vivir en la soledad para toda la vida, porque el hecho de compartir un techo con otra mujer te convertía en adúltero, lo cual constituía un delito", apuntaba Sejean, quien logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación le diese la razón y le permitiera volver a casarse, aunque todavía faltaban un par de años para que la nueva Ley estuviese vigente.

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Actualmente, solo dos Estados en el mundo no tienen ley de divorcio vincular. Uno es Filipinas y el otro, lógicamente, el Vaticano. Fue la Iglesia Católica el referente más fuerte contra un proyecto que se consideró un atentado contra la familia. Incluso, la antigua ley de 1888 también de algún modo supo ser revolucionaria, porque le quitó el poder a las Parroquias, donde desde siempre se constituían los matrimonios “hasta que la muerte los separe”, algo que era, literalmente, “palabra santa”, sin admitir discusión ni oposición. Aunque para el regreso de la democracia en 1983, el país empezó a comprender la magnitud de vivir en libertad, incluyendo el compartir techo con quien a cada uno se le dé la gana, más allá de que dentro del oficialismo de entonces, la UCR, que era gobierno desde el 10 de diciembre, no había unanimidad de pensamiento al respecto.

“En su momento -recordó Bielicki- don Hipólito Yrigoyen se había opuesto. Pero yo les explicaba a los correligionarios que las cosas habían cambiado y había que contemplar la situación de mucha gente que no podía ir a casarse a Montevideo o a Paraguay, como era costumbre de la época”. O “Vía México”, como decía Suéter, un grupo de rock de aquellos años que hizo del tema una canción popular.

Tal vez pensar en la reciente discordia que provocó (y sigue provocando) la ley del aborto, o la resistencia que generó la del matrimonio igualitario -que el mes que viene cumplirá 11 años de vigencia-, sean buenas referencias para dimensionar lo que se vivía en los años 80 del último siglo. Un mes y medio antes de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de manera abrumadora, con 177 votos a favor contra 35 en contra, la Iglesia y los opositores al divorcio jugaron una de sus cartas más fuertes: convocaron para el 5 de julio una manifestación cuyo lema fue “La familia es garantía y esperanza en nuestra patria". Desde el enunciado, el tema era planteado como una cuestión de patria, más allá de los deseos y necesidades individuales.

Según las estimaciones de entonces, más de dos millones de personas vivían en la “ilegalidad”, queriendo, y no pudiendo, ser un matrimonio porque ambos o uno de los dos ya estaban casados. “Nuestra responsabilidad política era darles una solución a esos argentinos”, reflexionó tiempo después Bielicki, quien rememoró que tuvo una charla con el Obispo del partido bonaerense de Morón, Monseñor Justo Laguna, quien tenía muy buena relación con el presidente Alfonsín y era considerado un sacerdote católico “abierto” a los nuevos tiempos de la sociedad. “El divorcio es un mal -calificó Laguna en un programa de TV-, pero es un mal para los católicos. Y no podemos imponer en una sociedad plural una ley que toca a los católicos. Son los católicos los que tienen que cumplirla y no el resto”, declaró el Obispo, en una delicada manera de avalar la continuidad del proyecto sin perder su decoro sacerdotal católico, apostólico y romano. Pero aun con todo lo representativo que podía ser Monseñor Laguna, la mayoría de sus colegas no estuvo de acuerdo y algunos, como Emilio Ogñenovich -Obispo de Mercedes-, fueron implacables en su mirada: “Sepan que, cuando pretenden atentar contra el matrimonio y la familia, sobran corazones valientes, sobran católicos con capacidad de héroes para defender lo que es pilar básico de la sociedad argentina: la familia y el matrimonio. No tenemos cañones, ni balas, ni ejércitos, pero tenemos la voz firme, las convicciones profundas”.

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Ogñenovich fue uno de los que motorizó aquella movida del 5 de julio de 1986, que fue una marcha desde la Basílica de Luján hasta la Plaza de Mayo, donde está la Catedral, con la mismísima imagen de la Virgen encabezando la caminata. Mucha gente hizo todo el recorrido, otros tantos se fueron sumando durante el camino de esta movilización que también contó con el apoyo del sector más conservador de la política nacional, como la Ucedé (el partido de Álvaro Alsogaray), el Movimiento de Integración y Desarrollo (de Rogelio Frigerio padre), parte del sindicalismo y también algunos sectores del justicialismo, incluyendo al entonces gobernador riojano, Carlos Menem. Uno de los peronistas más encendidos que apuntaba en contra del divorcio y su legalidad fue el senador catamarqueño, Vicente Leónidas Saadi, quien decía que “el vínculo matrimonial no puede ser sino perpetuo. Hablar de un vínculo disoluble o revocable es sencillamente imposible. Llevo casi 42 años de matrimonio y no me arrepiento. Si tuviera que casarme de nuevo, buscaría a la misma mujer". En la misma sintonía se ubicó Arturo Jiménez Montilla, que directamente se refirió al divorcio como el “cáncer de la sociedad”; y el diputado Alberto Medina (del bloque 17 de Octubre) que dentro de los debates en el recinto recurrió a las estadísticas, aunque nunca presentó documentación sobre sus afirmaciones: "El divorcio, entre otras cosas, aumenta la delincuencia juvenil, como lo demuestran los estudios efectuados en los Estados Unidos, donde el 90% de los delincuentes juveniles son hijos de padres divorciados". Finalmente, aquel frío sábado de julio de 1986, más de 40.000 personas marcharon y se plantaron frente a la catedral Metropolitana para defender “a la familia”.

Pero no alcanzó para torcer un rumbo que se imponía naturalmente, no había forma de frenar un avance social que se mostraba contundente y más sanador que dañino. Luego de haber sido aprobado en Diputados, el proyecto pasó a la Cámara de Senadores de la Nación, donde el 6 de mayo de 1987 comenzó a debatirse hasta que casi un mes después, el 3 de junio, se votó y aprobó. Poco más de una semana más tarde, el 12 de junio, el Poder Ejecutivo, con la firma del presidente Raúl Alfonsín, promulgó y publicó en el Boletín Oficial la ley de divorcio vincular en la Argentina. Una nueva ley que ya no necesitaba un culpable en un matrimonio que no funcionaba, sino dos personas llegaran a un acuerdo para ponerle fin a una sociedad civil. Hasta que la ley los separe.

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