A un mes de la polémica cesárea que se le practicó en Jujuy a una niña de 12 años que había sido ultrajada, una caso similar se presentó en Tucumán y concluyó con la misma operación quirúrgica.
Este martes por la noche una nena de 11 años, que quedó embarazada tras ser violada por la pareja de su abuela, dio a luz a través de ese procedimiento en el Hospital del Este Eva Perón de la localidad de Banda del Río Salí, donde permanece internada fuera de peligro.
La criatura que dio a luz pesa alrededor de 600 gramos y se encuentra en Neonatología, con pocas posibilidades de sobrevida, de acuerdo con fuentes médicas. Por ahora no hay parte médico oficial.
El embarazo, cuya interrupción depende del Siprosa, fue detectado el 31 de enero en el centro de atención primaria de la salud de la localidad de 7 de Abril. La niña había acudido al establecimiento por un dolor de panza, después de tener conductas suicidas por la dramática situación que atravesaba. Ante la constatación del estado de gravidez, la paciente admitió que había sido abusada por la pareja de su abuela, que por estos hechos enfrenta una causa penal en la Fiscalía a cargo de María del Carmen Reuter.
La niña no vivía con su madre, puesto que el concubino de esta había abusado de sus dos hermanas mayores (fuentes judiciales informaron que el autor de esos delitos fue condenado y está preso). El 25 de febrero, la víctima y su progenitora peticionaron finalmente la interrupción legal del embarazo.
La abogada Florencia Vallino, que representa a la familia de la niña, denunció en diálogo con Página 12 "dilaciones injustificadas para evitar aplicar el protocolo de atención de la interrupción legal de embarazo”. Agregó que solo después de ejercer presión se logró que le hicieran la cesárea aunque esa no fue la práctica solicitada por la niña y su madre.
De hecho la nena había manifestado su deseo de abortar, con absoluta claridad, como consta en la historia clínica adjuntada a la causa judicial: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. Así lo pidió.
Gustavo Vigliocco, secretario ejecutivo médico del Siprosa, se limitó a comunicar a la Justicia que iba a activar el procedimiento y que había formado una junta médica. El funcionario no atendió las consultas y el Gobierno tampoco emitió un parte para precisar qué pasos seguirá respecto de este caso con repercusión nacional.
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